Condenan a la Diputación de Pontevedra a contratar a 38 becarios

Una juez de Pontevedra acaba de afear la política laboral de la Diputación que preside Carmela Silva . En una sentencia del pasado 12 de mayo, la titular del Juzgado de lo Social nº 4 de la ciudad del Lérez condena a la institución provincial a reconocer como relación laboral y no formativa la que mantenía con 38 exbeneficiarios de sus programa de becas , después de que la Inspección de Trabajo levantase acta en 2018 y encontrase que estas personas eran trabajadores encubiertos. Los becarios se encontraban adscritos a distintos programas y centros vinculados a la Diputación: la estación fitopatológica de Areeiro, el programa de compost Revitaliza, el servicio de patrimonio documental y bibliográfico y las becas de práctica laboral para el ente provincial y ayuntamientos de la provincia.

Entre los hechos recogidos de manera transversal en los distintos programas y servicios por el acta de la Inspección de Trabajo —que presentó denuncia de oficio ante el Juzgado de lo Social—, los becarios realizaban actividad laboral con total autonomía, sin la tutorización que exige su figura, sin supervisión alguna y sin programas formativo específicos más allá de otros de carácter genérico.

El tribunal reconoce que «la diferencia entre becas y relaciones laborales es difusa, siendo el elemento esencial para la configuración de una beca su finalidad formativa, mientras que en una relación laboral prevalece el interés en la obtención de la prestación de un servicio». Así, aunque «se trata de cuatro tipos de becas o bolsas bien diversas, también cabe descubrir notas comunes a todas ellas, que no pueden sino hacernos concluir que realmente se trata de relaciones laborales encubiertas». «No es posible distinguir el programa formativo en cada uno de los casos», añade, «viniéndose a confundir las labores desarrolladas por los becarios con los que realizaría» personal contratado. En el caso del programa de compost, la juez indujo a « sospechar de la laboralidad » de estos trabajadores los 1.400 euros de remuneración que recibían por la teórica beca.

«Respecto a todos ellos, los llamados bolseiros, cumplen un horario, guardan una disciplina, algunos firman al entrar y salir, elementos todos que vuelven a evidenciar el carácter laboral de la relación». «El hecho de que a través de estas bolsas una persona mejore una situación de desempleo en la que puede encontrarse o que adquiera experiencia laboral no es suficiente para mantener la presencia de una beca puesto que la finalidad perseguida no es la formación».

Tras conocerse la sentencia, el PP de Pontevedra ha reclamado a Carmela Silva «explicaciones» por este «escándalo mayúsculo», criticando además el «oscurantismo, falta de transparencia y mentiras» con el que se ha manejado este proceso.