Señas de identidad

EL tripartito que da sustento al Consell (PSPV, Compromís y Podemos), con el apoyo de la mitad del grupo de Ciudadanos -en otra exótica muestra de cómo entienden su labor de «oposición» los de Carolina Punset-, ha puesto fin esta semana a la Ley de Protección de las Señas de Identidad Valencianas. Y la primera en felicitarse, además de los propios diputados de izquierdas, ha sido la asociación Acció Cultural del País Valencià (ACPV), híperfinanciada durante años por el Gobierno de la comunidad autónoma vecina -fuese el presidente Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla o Artur Mas- para evangalizarnos sobre la existencia de unos supuestos «países catalanes», que a decir del conseller de Educación, Vicent Marzà, «existen».

La felicitación de ACPV es sintomática, como lo es el argumento del tripartito de que la ley -creada por el PP en pleno desenfreno acaparador de costumbres, tradiciones y personajes históricos valencianos por parte de los nacionalistas catalanes- «dividía a los valencianos».

Nunca he entendido tal afirmación, como no entiendo la de que la norma suponía establecer una división entre «buenos y malos valencianos». ¿A quién dividía? ¿Quiénes eran los buenos y los malos? Si somos valencianos, nuestra comunidad autónoma se llama Comunidad Valenciana, nuestro idioma es el valenciano -más allá de disquisiciones filológicas sobre la raíz común con el catalán- y no dudamos sobre la valencianidad de Ausiàs March, Joanot Martorell y nuestro Siglo de Oro... ¿dónde estaba el problema?

Los únicos a quienes podía molestar tal norma son aquellos que quieren llamarse catalanes, referirse a nuestra comunidad autónoma como País Valencià -nomenclatura, como saben, de connotaciones catalanistas, creada por Enric Valor en los años treinta del siglo XX-, que dicen hablar catalán y que sueñan con las construcción de unos «países catalanes» desde el prisma de la mitología nacionalista, según la cual en 1707 fuimos «conquistados» por Castilla. Alguien como el conseller de Educación, por entendernos.

Se podría objetar, no sin razón, que tales pretensiones son tan absurdas que no debería ser necesario establecer una ley para evitarlo. ¿No tenemos para eso un Estatut d’Autonomia pactado en su día por el 80% de la Cámara, donde la cuestión identitaria queda meridianamente clara? Y sin embargo, el hecho de que la Ley de Señas -que no hacía sino recordar que hay que respetar el Estatut- resultara tan molesta para Compromís, el PSPV o Acció Cultural del País Valencià, evidencia que la norma aprobada por el PP era necesaria.

Al final, más allá de «blindar» los festejos de bous al carrer -otro motivo de discordia-, la auténtica cuestión de fondo es que la Ley de Señas impedía que aquellos que no respetan el Estatut pudieran recibir subvenciones públicas. En plata: que las organizaciones presuntamente culturales que se dedican a hacer proselitismo de los «países catalanes» no pudieran utilizar para ello los euros públicos de los valencianos.

Por eso Acció Cultural, cuyos satélites ya habían comenzado a recibir subvenciones -de la Generalitat, de la Diputación de Valencia, del Ayuntamiento...- antes incluso de derogarse la norma, tenía tantos motivos para felicitarse.

Se podría objetar -Acció Cultural, el PSPV y Compromís lo hacen- que el mal llamado «anticatalanismo» es un espantajo que agita el PP para captar votos valencianistas. Bien. Pregunten a las CUP o a sus socios de Esquerra Republicana -compañeros de candidatura de Compromís en más de un pueblo en las pasadas municipales, por cierto- qué opinan al respecto. Las CUP ya le han pedido a Puigdemont que extienda el soberanismo a Valencia. Y Joan Tardà ha prometido el cargo de diputado «por los países catalanes».

Y mientras, el Consell preocupado por poder ver TV3 cuanto antes.