La Diputación aprueba iniciar acciones legales contra los «decretazos» de Puig

La Diputación de Alicante ha aprobado iniciar los trámites para emprender acciones legales contra los decretos de coordinación en turismo y deporte de la Generalitat, al entender, según el equipo de gobierno del PP, que vulneran «la soberanía política y económica» de la institución provincial.

Los puntos se han aprobado en un pleno extraordinario con los votos a favor del PP (15 diputados), la abstención de Ciudadanos (1 diputado) y en contra de PSOE, Compromís y EU (14 diputados en total, por la ausencia de un representante socialista).

La urgencia de los puntos sí ha sido aprobada por PP y C's, aunque a ella se han opuesto PSOE, Compromís y EU; en concreto, el portavoz de los socialistas, José Chulvi, ha afirmado que había de plazo para presentar recursos a los decretos hasta el 8 de mayo por lo que, a su parecer, no existen «motivos de urgencia».

Esta justificación ha sido la misma empleada por el portavoz adjunto de Compromís, José Manuel Penalva, quien ha opinado que «cualquier acuerdo tomado hoy será nulo de pleno derecho».

Posteriormente, en declaraciones a los periodistas, Chulvi ha anunciado que presentarán un recurso de reposición ante el pleno de la Diputación de Alicante para anular la urgencia de estas medidas y, en el caso de que fracase, se planteará iniciar un proceso contencioso-administrativo.

El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, también ha dicho que su intención es reunirse con los socialistas para presentar ese recurso de manera conjunta.

Por su parte, el gobierno provincial del PP, de la mano de su portavoz, Carlos Castillo, ha expuesto que la Generalitat «ha creado un conflicto innecesario con un decreto intervencionista que vulnera la soberanía política y económica» de la Diputación de Alicante, «cuya autonomía está reconocida en la Constitución».

A su vez, el presidente Sánchez ha recalcado que, con este recurso, «lo que se pretende es defender la autonomía de la provincia y la no injerencia de otra administración» en las competencias de la Diputación.

En este sentido, ha remarcado que solo dos votos de los 12 previstos en la mesa de coordinación pertenecen a Alicante, por lo que es «un ataque a los intereses y la autonomía de la provincia» y «legitima las acciones legales».

Informe jurídico

La propuesta de emprender acciones legales contra los referidos decretos de la Generalitat se basa en un informe jurídico que los declara nulos al considerar que «vulnera de manera flagrante la legislación y dado su carácter lesivo a los intereses generales de esta Diputación Provincial».

Mientras, Chulvi ha opinado que la decisión de recurrir es «una muestra más del atrincheramiento que quiere tener el PP en la Diputación» y que lo que se está planteando es ir «contra la coordinación entre administraciones, la optimización de recursos económicos y de todo tipo que podamos tener y contra hacer una estrategia conjunta a nivel de la Comunitat Valenciana».

Por su parte, Fullana ha calificado el pleno como «un circo quijotesco y mediático» en el que estas dos propuestas contra los citados decretos «no estaban dictaminadas» por lo que, en su opinión, «hay irregularidades».

Ha señalado que «era una escena de marketing para tapar la arbitrariedad en algunas subvenciones recogidas en la modificación de créditos», último punto del orden del día del pleno extraordinario y que se ha aprobado con los votos del PP y C's.

A su entender, desde el inicio de la legislatura, la estrategia del PP es «el victimismo frente a Valencia», algo que «ya usaban cuando gobernaban allí frente a Madrid».

Fullana ha destacado también que anteriores gobiernos provinciales del PP ya reclamaron por escrito planes en materia turística para la coordinación entre instituciones; en concreto, el Plan de Espacios Turísticos en 2007 y el Plan Estratégico Global de Turismo 2010-2020.