Benirredra (Valencia)
Piden seis años de prisión para dos exalcaldesas por prevaricación con contratos a dedo a un funcionario
El también interventor del Consorcio de Museos de la Generalitat facturó por trabajos ficticios con su empresa sin trabajadores de alta
El fiscal pide seis años de prisión e inhabilitación para dos exalcaldesas del municipio valenciano de Benirredrá que se sientan este lunes en el banquillo para ser juzgadas por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa en concurso con prevaricación al haber concedido contratos a dedo entre 2007 y 2011 a la empresa de un funcionario municipal, también acusado.
Por estas adjudicaciones presuntamente irregulares a la mercantil creada por este empleado municipal, que se realizaron « de forma verbal sin establecer precio alguno, ni constancia escrita de lo que se estaba contratando, objeto, condiciones o duración, en definitiva sin tramitar expediente de contratación alguno» también va a ser juzgado el secretario del Ayuntamiento.
Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre este juicio en la Audiencia Provincial de Valencia, la Fiscalía del caso sostiene en su escrito de acusación que en estas prácticas contaban con la «anuencia» del secretario interventor entre 2008 y 2010.
Presuntamente, los contratos se adjudicaban directamente a la citada sociedad «con la intención de ocultar» la condición de funcionario del empresario, que también había sido interventor del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana.
Varios ayuntamientos
La empresa carecía de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, aunque en ese mismo periodo facturaba a otros ayuntamientos «en idénticas circunstancias, sin ningún tipo de expediente administrativo, contrato escrito y con total abandono de la normativa administrativa», añade la acusación pública, según la cual muchos de los trabajos facturados no respondían a servicios realmente prestados.
La Fiscalía pide provisionalmente para las dos alcaldesas y el funcionario seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, mientras que reclama tres años de prisión y otros tres de inhabilitación para el secretario interventor.
