Agua
Choque de autonomías socialistas por el trasvase Tajo-Segura: Valencia alega contra una ley manchega
El Gobierno de Ximo Puig acusa al de Emiliano García-Page de «invadir competencias estatales» con una norma «contraria a derecho»
La llamada « guerra del agua » por el trasvase Tajo-Segura entre dos Comunidades Autónomas gobernadas por el mismo partido -el PSOE - ha llegado ya el ámbito legislativo: la Generalitat Valenciana ha presentado alegac iones al anteproyecto de una ley de Castilla-La Mancha .
Entre otros aspectos, el Gobierno de Ximo Puig considera «contraria a Derecho» la norma de su compañero de filas Emiliano García-Page y también le acusa de invadir competencias estatales.
El escrito de alegaciones remitido por la Conselleria valenciana, que ha sido consensuado y compartido con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ( SCRATS ), considera también que la futura norma «conduciría a dilatar los plazos e influir en los criterios de concesión fijados en las reglas técnicas de explotación del trasvase Tajo-Segura».
Las alegaciones que la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha remitido al anteproyecto de la nueva Ley de Aguas del Gobierno de Castilla-La Mancha, actualmente en periodo de exposición pública, reclaman la supresión de las disposiciones adicionales primera y segunda.
Estos apartados del articulado «exceden las competencias de la Administración autonómica, además de incluir exigencias que conducirían a dilatar los plazos e influir en los criterios de concesión fijados en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura», según responsables de la Conselleria valenciana.
Concretamente, la disposición adicional segunda «somete el acuerdo y ejecución de las cantidades hídricas transferidas por el comité técnico de explotación a un informe preceptivo no vinculante pero obligatorio por parte de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha», señalan fuentes de la Conselleria.
A juicio de la Generalitat, este pronunciamiento «entra en conflicto competencial» con lo recogido en el artículo 149 de la Constitución sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos que discurran por más de una comunidad autónoma, así como con el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Retrasar las transferencias
La nueva exigencia, además, «ralentiza los tiempos al establecer un plazo de 15 días -posterior al dictamen de la transferencia proyectada por la comisión técnica- para elaborar el citado informe», ha explicado la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà.
La consellera ha señalado que la nueva ley que plantea el Gobierno de Castilla-La Mancha «es un intento más de manipular las reglas de explotación » y ha expresado su «total oposición a cualquier propósito que altere y comprometa el agua en el sur de la Comunitat Valenciana».
La primera disposición adicional también puede considerarse, en su opinión, como una «apropiación de competencias estatales», dado que «permite a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la gestión y control de los caudales de la cabecera del Tajo, de cuyos niveles depende la transferencia hídrica, modificando así lo establecido en el Memorándum Tajo-Segura».
El anteproyecto señala, entre sus objetivos, el de «garantizar la intervención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las decisiones sobre transferencias y trasvases de agua que afecten al territorio de la Comunidad Autónoma», una «declaración de intenciones» que fundamenta las alegaciones presentadas y compartidas por la Conselleria y el colectivo de regantes, ha concluido la consellera.
