audiencia de barcelona
La edad no librará de la cárcel a los saqueadores del Palau de la Música
La Audiencia de Barcelona da a Millet, Montull y al extesorero convergente hasta el 25 de junio para entrar en prisión
Ni la edad ni el coronavirus salvarán en principio a los máximos expoliadores del Palau de la Música de entrar en prisión. La Audiencia de Barcelona ha dado de plazo hasta el 25 de junio al expresidente de la institución Fèlix Millet, a su mano derecha, Jordi Montull, y al extesorero de Convergència Daniel Osàcar para que entren voluntariamente en prisión. Luego, serán las cárceles las que decidan su clasificación en función de sus circunstancias personales.
Además, en un auto dictado este martes, ha ordenado ejecutar el embargo de las sedes del partido que presidía Artur Mas para pagar los 6,6 millones de euros en comisiones ilegales que la sentencia les obliga a devolver. La Audiencia encarga a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que gestione esa operación y, en caso necesario, localice otros bienes hasta completar el decomiso impuesto en sentencia.
Montull, de 77 años, y Osàcar, de 84 –misma edad de Millet–, intentaron jugar la baza de su ancianidad y achaques de salud para esquivar la prisión. La Audiencia, sin embargo, no considera que esas circunstancias les permita eludir la prisión, pues no acreditaron tener «una enfermedad muy grave con padecimientos incurables» de la que no pueda hacerse seguimiento en la cárcel. Recalca, además, que los centros penitenciarios ya han implementado medidas para prevenir el contagio y la propagación del coronavirus. Eso sí, el tribunal amplía el habitual plazo de diez días para la entrada en prisión hasta el 25 de junio, cuando en principio se habrán superado las tres fases de desescalada en la crisis del Covid-19. La decisión se puede recurrir.
Hace unos días el Supremo confirmó los nueve años y ocho meses de cárcel impuestos a Millet y los siete años y medio a Montull por el saqueo de la institución musical, además de unas multas de 4,1 millones de euros y de 2,9, respectivamente. También constató que Convergència se había servido de la trama para cobrar a Ferrovial al menos 6,6 millones en mordidas, canalizadas a través del Palau. De ahí los tres años y medio de prisión impuestos al extesorero de Convergència.
La formación, reconvertida luego en el PDECat para tratar de sortear la mancha de la corrupción, usó el Palau de la Música para camuflar los pagos que la constructora le hacía a cambio de adjudicarle obras públicas desde las administraciones que controlaban. Ferrovial entregaba los fondos al Palau camuflados como patrocinios, que luego acababan en las arcas convergentes a través de instituciones afines al partido.
La Fiscalía Anticorrupción pedía el ingreso en prisión no solo de los tres principales acusados, sino también de Gemma Montull , exdirectora financiera del Palau e hija de Jordi, condenada a cuatro años de cárcel y que en el juicio se benefició de una rebaja de penas gracias a un pacto que su padre alcanzó con el ministerio público a cambio de delatar a Convergència.
La sala, no obstante, descarta de momento enviarla a prisión y le ha concedido un plazo de siete días para que se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia y aclare la forma en que pagará los más de dos millones y medio de euros de responsabilidad a que fue condenada.
Los otros condenados
También ha dado ese plazo de siete días para pronunciarse sobre la ejecución de las penas a los otros ocho condenados a penas de hasta dos años de cárcel, entre ellos el asesor fiscal Edmundo Quintana , a quien la sala requiere por escrito una propuesta de pago de los 549.749 euros que fue condenado a devolver a Hacienda, de forma solidaria junto a Fèlix Millet.
Respecto al empresario Juan Manuel Parra , que en el juicio confesó que había facilitado el pago de comisiones ilícitas a CDC mediante facturas mendaces, la sala da por cumplida la pena de ocho meses de cárcel a que fue condenado y que se le sustituyó por una multa.
El auto ordena informar a los colegios profesionales respectivos de las penas de inhabilitación especial impuestas a los abogados Raimon Bergós y Santiago Llopart, y se requiere a todos los condenados a abonar las multas que se les fijaron en sentencia.
Once años después
El calendario fijado por el tribunal empezará a contar una vez quede sin efecto la suspensión de plazos procesales acordada el 14 de marzo pasado a raíz de la pandemia de coronavirus y sus sucesivas prórrogas.
El auto de ejecución de la sentencia, que puede ser recurrido en un plazo de tres días, pone fin a un proceso judicial que se inició en 2009 , cuando los Mossos d'Esquadra irrumpieron en el edificio del Palau de la Música para registrarlo a raíz de una querella de la Fiscalía.
