La polémica «Ley Aragonès» suma detractores en la CUP y el sindicalismo independentista

Hace semanas que la denominada «Ley Aragonès» genera debate (y críticas) en el seno del movimiento independentista. No gusta a la CUP y tampoco al dócil sindicato secesionista Intersindical-CSC. ¿El motivo? Es vista como una vía diseñada por el Govern a través del departamento de Economía que dirige Pere Aragonès (ERC) para estructurar jurídicamente la «externalización» de servicios públicos.

«Se trata de un proyecto que conforma un ataque muy grave hacia los servicios públicos, ya que provocará la privatización de servicios que no lo estaban y la consolidación de privatizaciones ya existentes que han provocado una grave degradación de la calidad de los servicios afectados», afirmó hace unas semanas la diputada de la CUP María Sirvent en declaraciones a la prensa tras reunirse con representantes de los sectores que podrían verse potencialmente afectados.

Este martes, la medida ha sumado un nuevo detractor: el sindicato independentista Intersindical-CSC . Hasta ahora esta organización ha estado generosamente coordinada con el gobierno de Quim Torra. No en vano, convocó y organizó los «paros de país» respaldados y alentados desde el ejecutivo autonómico como medida de presión política y económica del «procés».

«La Intersindical-CSC apostamos por la defensa de los servicios públicos y, por tanto, consideramos que los servicios públicos los debe prestar de forma prioritaria el sector público directamente (...). No podemos estar de acuerdo en una regulación solo encarada a la externalización de los servicios públicos», ha apuntado el sindicato en una nota de prensa difundida hoy. También en la CGT la propuesta también es vista con hostilidad. «Estamos ante una ley creada a medida de las patronales del sector», apuntó el sindicato al lanzar una campaña contra una medida que califican de «grave ataque sin precedentes» contra el sector público.

La propuesta de ley también genera reticencias en las aulas. Así las cosas, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña , Lidón Gasull, arremetió con dureza contra la norma en un artículo publicado recientemente en el digital «Sentit Crític». «Solo una actitud política irresponsable o una clara intención de favorecer al sector privado por encima de garantizar los derechos de la ciudadanía justifican la tramitación de una ley de estas características», aseveró al valorar una propuesta de ley que está camino de laminar parte de la base social del movimiento independentista.