La Fiscalía ratifica la petición de diez años de inhabilitación para Mas

La Fiscalía ha ratificado su petición de diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de gobierno para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por los supuestos delitos de desobediencia grave en calidad de autor y de prevaricación por la organización de la consulta del 9N, en la recta final del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El fiscal Emilio Sánchez Ulled, que mañana presentará sus conclusiones, ha ratificado íntegramente sus conclusiones y las ha elevado a definitivas, con lo que sigue pidiendo nueve años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau -en ambos casos por desobediencia grave cometido por autoridad pública como cooperadoras necesarias y prevaricación administrativa-.

El Ministerio Público considera que, si el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos, las condenas totales deben ser de nueve años y seis meses para Mas, y de ocho años y siete meses tanto para Ortega como para Rigau, además de una multa, informa Ep.

Mientras, las defensas de Mas, Ortega y Rigau han mantenido que no desobedecieron ni prevaricaron y han vuelto a pedir la absolución de los tres acusados. La defensa de Mas insistió, en su escrito de calificación previo al juicio, en que el expresidente no desobedeció porque el Govern "interrumpió efectivamente la organización y gestión del llamado proceso participativo" a partir de la providencia del TC del 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de celebrarse.

Cree que no puede mezclarse el hecho de poner en manos de la ciudadanía medios públicos para llevar a un proceso participativo "enmarcado en una acción política completamente lícita y defendible en cualquier sociedad democrática" con el hecho de organizar un referéndum oficial desobedeciendo una resolución judicial. La defensa del expresidente también había insistido en que el TC no dio "una orden concreta, precisa y determinada" de suspensión ni tampoco con un destinatario concreto para que se pueda aplicar un supuesto delito de desobediencia. «El señor Mas recibió una providencia que ni tenía mensaje, claro, ni se puede considerar completa por falta de aclaración, ni concretaba en su persona la responsabilidad de adoptar una determinada conducta», valoró entonces su defensa, en un escrito que este jueves ha ratificado.

La defensa de Ortega defendió en su escrito que la actuación tanto de ella como de Mas y Rigau fue "en todo momento legítima, democrática, pública, transparente y respetuosa con la legalidad". En particular sobre Ortega, su letrado sostuvo que fue legal porque las tareas organizativas son anteriores a la suspensión del TC y porque el día 9 de "la ejecución de las votaciones" se encargaron los voluntarios.

La defensa de Rigau aseguró en su escrito anterior al juicio que en ningún momento en las reuniones que mantuvieron desde la Conselleria de Enseñanza con directores se les pidió que colaborasen como funcionarios públicos en la consulta tras el veto del TC, sino que todo se dejó en manos de voluntarios. Además, considera que tampoco se hizo "absolutamente ninguna actuación preparatoria o ejecutiva del proceso participativo, que fue gestionado íntegramente por personas voluntarias" y que ese día votaron 2,3 millones de personas expresando con absoluta libertad su opinión sobre el futuro político de Catalunya.