Una alcaldesa denuncia el destrozo de una pancarta a favor de los presos y acaba señalada por malversación
Una juez deduce testimonio contra la edil de Vilassar de Dalt y absuelve de daños a los acusados
Entró al juzgado decidida a saldar cuentas con tres ciudadanos por descolgar del balcón del consistorio una pancarta a favor de los presos independentistas, y ahora puede que tenga que volver a una sede judicial para dar explicaciones de con qué dinero se financiaron esos símbolos. Le ha sucedido a la alcaldesa de Vilassar de Dalt (Barcelona), Carola Llaudó , a quien se le ha girado el procedimiento penal que ella había decidido iniciar. Una juez ha absuelto a los tres individuos a los que la alcaldesa acusaba de un delito de daños, y ha deducido testimonio contra ella, y también contra su antecesor, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
Todo parte de lo que ocurrió la madrugada del 28 de junio de 2019, cuando cinco individuos intentaron de descolgar con una pértiga metálica una pancarta con el lema «llibertat presos/es polítics» , que pendía del balcón del ayuntamiento. Dos de ellos escaparon cuando vieron venir a una patrulla de la Policía Local, que identificó a las tres personas que no habían huido: acabaron siendo quienes se sentaron finalmente en el banquillo acusados de un delito de daños. Fue después de una denuncia que presentó la alcaldesa, del partido Ara Vilassar.
Falta de legitimización
Llauró compareció como denunciantes en el juicio y dijo que reclamaba los daños en nombre del Ayuntamiento. Lo hizo sin ni siquiera aportar algún acta del pleno que la autorizase a denunciar los hechos y reclamar los daños, lo que para la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró (Barcelona) supone una evidente «falta de legitimación» , según concluye en la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC.
Llauró en ese juicio explicó que no sabía cuándo se había colgado esa pancarta en el balcón, pero que en todo caso había sido antes de que ella fuera nombrada alcaldesa. Dijo, además, que la compra y colocación de esa pancarta no se había acordado en ningún pleno, y que tampoco sabía ni cuánto costó ni si se fraguó con fondos del Ayuntamiento. Relató además que, tras la acción de los acusados, la pancarta quedó rota y no podía volver a colgarse, por lo que la cambiaron por otra. Esa sí, admitió que la sufragó el consistorio y que costó 242 euros , precisamente la cantidad que reclamaba en el juicio.
Malversación de fondos
Los tres denunciados, por su parte, en el juicio declararon de forma parecida. Reconocieron que formaban parte del grupo que descolgó la pancarta, pero ninguno de ellos admitió haber sido quien personalmente se encargó de retirarla. Sin embargo, lo que hubiesen declarado estos tres ciudadanos no tiene trascendencia ninguna para el caso y resulta «irrelevante», según concluye la propia juez. Para que exista un supuesto delito de daños tiene que haber una víctima de esos daños, que esté perfectamente identificada. Y, en este caso, la alcaldesa no acreditó en ningún momento que perteneciese al ayuntamiento. Dijo desconocer quién la había pagado y quién la había colocado. En definitiva, una pancarta sin dueño. Por tanto, no hay delito, según esta juez de Mataró.
Pero el periplo judicial de la pancarta a favor de los presos no acaba con estas absoluciones. Ni los avatares de la pancarta destrozada, ni de la que el ayuntamiento repuso. La juez, aceptando la petición de la Fiscalía, ha ordenado deducir testimonio tanto contra Llauró como contra su antecesor por un supuesto delito de malversación de fondos públicos . En el segundo caso porque cree que, aunque no haya quedado acreditado que se pagó con fondos públicos, «habrá de investigarse, siendo el presunto autor de tal delito el alcalde de la anterior corporación». Y en cuanto a Llauró, porque sí existen «indicios más claros» de que la pancarta de repuesto podría haberse sufragado con fondos extraídos de las arcas municipales.
La juez no considera que deba deducirse testimonio por un delito de denuncia falsa , si bien recuerda que el juez al que le toque decidir si abre una investigación el caso será libre de calificarlo como un delito u otro.
