La reforma de la ley del Tribunal Constitucional

Según parece el Tribunal Constitucional va a avalar la reforma de su ley orgánica, conforme a la cual el Alto Tribunal dispone de capacidad coercitiva y sancionadora contra los cargos públicos que incumplan sus órdenes y sus sentencias. De este modo el TC podrá suspender a políticos y apartarlos de sus responsabilidades si lo cree necesario para conseguir que se lleven a cabo sus resoluciones.

Como se recordará, la reforma legal realizada el año pasado va dirigida a acabar con una anomalía de nuestro sistema constitucional: la impunidad con la que algunos políticos incumplen de manera sistemática las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y es que debe entenderse que si bien es consustancial al Estado de Derecho que las normas rijan tanto para los ciudadanos como para los poderes públicos, tanto más importante que para estos últimos rijan las normas constitucionales, pues son las que precisamente sirven para transformar el hecho bruto del poder en competencia legal.

Aunque esto debería ser obvio, los políticos nacionalistas (y los medios por ellos controlados, directamente o por vía de subvención) insisten en que en democracia todo vale si cuenta con el respaldo de los electores, y que la libertad está por encima del ordenamiento jurídico. Nada más lejos de la realidad.

La función pública es servicio, y no autorrealización. Quien, en aplicación del ordenamiento jurídico, ejerce poder sobre otros no está autorizado a hacer todo lo que se le pase por la cabeza, y mucho menos si quiere “liberar” a un pueblo imaginado a costa de las libertades de las personas concretas.

Esperemos que a partir de ahora tanto el Gobierno -que debe activar el proceso- como el Tribunal Constitucional acaben con la impunidad con la que los políticos separatistas avanzan en su intención -repetidas veces confesadas- de dar un golpe de Estado para destruir España.

Pablo Nuevo es doctor en Derecho y profesor de la UAO CEU