PP y Cs plantean una reforma exprés del Estatuto para acabar con los aforamientos

Confían en obtener el apoyo prácticamente unánime de las Cortes y llevar su petición al Congreso este año

De la Hoz y Amigo registraron ayer la petición de reforma del Estatuto HERAS

SERGIO GARCÍA

El Partido Popular y Ciudadanos plantean una reforma exprés del Estatuto de Autonomía para eliminar de manera definitiva los aforamientos en Castilla y León. Un acuerdo que afectaría directamente a los artículos 22 y 29 de la norma, que hacen referencia expresa a la los procuradores de las Cortes y a los miembros del Gobierno regional . De esta manera, ambas formaciones inician los trámites para una reforma cuya aprobación precisa como mínimo del apoyo de los dos tercios de la cámara. La portavoz de Cs en las Cortes, Carlota Amigo , comunicó que todos los miembros del Grupo Mixto (Podemos, Vox, Por Ávila y Unión del Pueblo Leonés) «están de acuerdo y respaldarán» acabar con los aforamientos, aunque destacó el caso de UPL, que también reclama alguna modificación más amplia.

Por su parte, el PSOE demanda también una reforma más grande del Estatuto que incluya el blindaje del suelo social . En este ámbito, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz , lamentó la posición de los socialistas, a los que acusó de tener una «radicalidad absoluta» desde el inicio de la legislatura y a quienes instó a pensar que la responsabilidad es «construir en Castilla y León, no solo destruir el Gobierno de coalición». No obstante, ambos portavoces rechazaron la proposición del PSCL ya que entienden que no es una «reforma urgente» y que incluirla junto a los aforamientos «ralentizaría» el proceso. Es que la idea de PP y Cs es realizar una transformación exprés que permita aprobar la propuesta en las Cortes a finales de 2019 sin descartar tener que tratarla más adelante.

Sin una fecha límite

La eliminación de los aforamientos supondría que tanto los procuradores de las Cortes como los miembros del Ejecutivo regional pasarían a ser juzgados por un tribunal ordinario, a diferencia de ahora, donde lo hacen en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Como recordó el portavoz popular, se trata de una reforma orgánica que requiere llevarse al Congreso de los Diputados, algo que desde ambas formaciones esperan que tenga lugar también este año después de su previa aprobación en las Comunidad. No obstante, el proceso puede alargarse ante la falta de un acuerdo después de que Pedro Sánchez no haya conseguido sumar una mayoría a nivel nacional, lo que retrasaría la constitución de la Cámara Baja como mínimo hasta septiembre siempre que se produzca un pacto y no haya de nuevo elecciones en noviembre. Por otro lado, la «lista de espera» de otras propuestas que aún deben ser consultadas en el Congreso y también en el Senado -donde también habría que defender la modificación- hace que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León se alargue en el tiempo sin poder marcar una fecha para su conclusión. En algunas comunidades como en Cantabria, el proceso para eliminar los aforamientos se inició en 2017 y todavía sigue abierto ante la espera de su aprobación por parte del Congreso y la posterior votación en el Senado.

En cuanto a Castilla y León, su supresión era uno de los puntos principales del acuerdo que PP y Ciudadanos firmaron el pasado 2 de julio, concretamente era el segundo de los cien que ambas formaciones suscribieron. En este sentido, Amigo destacó la importancia de que esta reforma se lleve a cabo de manera «urgente» ya que todos los grupos políticos están de acuerdo y esto permite acabar de forma rápida con estos «privilegios» que tienen los políticos. La portavoz de Cs también destacó el paso que esto supone en la consecución de un «pilar fundamental como es la regeneración y la transparencia» .

Con esta reforma, Castilla y León se suma a otras comunidades que ya han puesto en marcha propuestas similares como es el caso de Murcia, Cantabria o Andalucía, donde también ambas formaciones llegaron a un acuerdo para su tramitación. En el caso de esta última región, la reforma es, según explicó De la Hoz, «similar a la que han planteado aquí».

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