Una empresa «cuidará» la AP-1 una vez se liberalice en noviembre

El Ministerio de Fomento anunció que «ya están aprobados» los pliegos para licitar el contrato de conservación y adaptación de la autopista de peaje AP-1 (Burgos-Armiñon) una vez que finalice la concesión este mes de noviembre, al tiempo que cifró el coste estimado del mantenimiento de esta vía en 18,8 millones de euros hasta 2021.

En una comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso en sesión extraordinaria, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, explicó que, aunque «cabrían diferentes posibilidades para aplicar en las autopistas sobre las que cesará el actual peaje», hasta el momento el Gobierno se ha decantado «por el modelo de conservación integral». En el caso del tramo burgalés que dejará de ser de pago y que el ministro calificó como «el más inminente», Fomento va a licitar un nuevo contrato al que podrán acceder empresas privadas para asumir su gestión. «Actualmente ya están aprobados los pliegos para su licitación, que no estaban cuando yo comparecí, y está en trámite de autorización de la licitación de este pliego para la conservación por el Consejo de Ministros, que lo hará de forma inmediata», precisó. El ministro dijo que los costes de mantenimiento de la AP-1 se han estimado en 5,8 millones en lo que se refiere a gastos de conservación ordinaria en los tres próximos años, a lo que habría que añadir 1,4 millones en 2019 para la adaptación de las instalaciones, lo que lo eleva el importe a 7,2 millones para el próximo año. En concreto, se llevará a cabo la demolición de las playas de peaje necesaria para dar continuidad a la carretera y otras actuaciones para adecuar la autopista a sus nuevas características de vía libre de peaje.

Ábalos añadió que su departamento tiene previsto hacer un estudio sobre el estado de la infraestructura actual para determinar las actuaciones que debe llevar a cabo la concesionaria para que el estado de conservación, previo a su entrega, «sea el adecuado».

Respecto a la situación qu quedarán los 120 trabajadores de la actual concesionaria de peaje, el secretario general de infraestructuras, el vallisoletano Javier Izquierdo, ha ofrecido al comité de empres la posbilidad de subrogación. «El objetivo es minimizar el impacto sobre el empleo, por lo que se estudiarán también prejubilacones y posibles readaptaciones de puestos de trabajo», según destacó la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña.