«No me caso con nadie y siempre actúo con rectitud e imparcialidad»

Vicente Rouco cumple su tercer mandado como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha, cargo que ostenta desde 2005. En una entrevista con ABC, desvela los retos y las cuitas de la Justicia en la región, que son muchas y muy variadas.

-¿Cuáles son los principales retos de la Justicia en Castilla-La Mancha ante su nuevo mandato?

-Fundamentalmente el reto principal es la modernización de la administración de Justicia, que es un reto común en España y en Castilla-La Mancha, comunidad donde está más atrasada con respecto a otras. En general, los jueces y los tribunales se caracterizan por la independencia, pero necesitamos que los poderes públicos nos doten de unos medios modernos y eficaces para hacer nuestro trabajo de una manera ágil y sin dilaciones.

-Supongo que uno de los principales problemas son los medios humanos tan escasos con los que cuentan. ¿Siguen los juzgados de la región tan sobrecargados como vienen denunciando?

-La plantilla de jueces y el resto de los medios materiales de los juzgados de Castilla-La Mancha son, desde hace mucho tiempo, insuficientes. La Justicia es una asignatura pendiente en nuestro Estado de Derecho y en nuestra democracia. Los poderes públicos se han preocupado por la sanidad, por la educación o por los servicios de hacienda, entre otros, pero les ha faltado preocuparse de una manera más seria por el buen funcionamiento de la Justicia como una prioridad. Esta carencia que tenemos se ha puesto de manifiesto en los años de crisis, cuando se ha producido una sobrecarga desmesurada sobre la mayoría de órganos judiciales, lo que ha impedido que den una respuesta adecuada a una litigiosidad tan elevada.

-¿Cuántas plazas o trabajadores serían necesarios para desatascar la situación que se vive?

-El capital humano es esencial cuando hablamos de la administración de Justicia. Un capital humano que está muy bien cualificado, pero es insuficiente. Un dato esencial para medir este problema, que recoge todos los años el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es la proporción de jueces por cada 100.000 habitantes. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha tiene una media de 9,5 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media en España es de 11,5 y en Europa de 16. No digo yo que sea preciso llegar a la media europea, pero si pudiéramos contar con la media española nuestra calidad asistencial variaría sensiblemente. De hecho, la Memoria Judicial del año pasado cifraba nuestras necesidades objetivas en 22 jueces por cada 100.000 habitantes, aunque no hay que olvidarse tampoco de la necesidad de fiscales, letrados y otros profesionales dedicados a la justicia.

-Otro de los asuntos pendientes es la creación de nuevas infraestructuras judiciales en la región. ¿Cómo está la situación?

-Gracias a la gestión del último ministro de Justicia, Rafael Catalá, que aún está en funciones, se han desatascado dos proyectos importantes que conciernen a Castilla-La Mancha: la Ciudad de la Justicia de Albacete y de Guadalajara. El año pasado se consiguió una dotación presupuestaria de carácter plurianual, se han licitado los contratos correspondientes con una inversión muy cuantiosa -unos 20 millones de euros en el caso de Albacete y unos 13 millones en Guadalajara- y se han adjudicado las obras, que se desarrollarán en el plazo de tres años. Este es el camino a seguir y esperamos que en el nuevo horizonte político no se paralicen estos dos proyectos tan necesarios. De todos modos, hay trabajo por delante porque el abandono de las infraestructuras judiciales de la región. De hecho, el Defensor del Pueblo, tras conocer nuestra Memoria Judicial, se ha preocupado por la situación que vivimos.

-La violencia machista es un problema cada vez más preocupante. Usted ha pedido crear juzgados especializados en este tipo de delitos. ¿Qué cree que se conseguiría con ello?

-Mucho, porque este es un fenómeno que requiere de una respuesta judicializada. Precisamente este tipo de apuesta legislativa, como es la Ley contra la Violencia de Género, que fue aprobada en su momento por todos los grupos políticos, es el camino correcto. Lo que ocurre es que las proclamaciones legales se enfrentan a veces con la dura realidad, que es que no se crearon juzgados exclusivos de violencia de género, como en el caso del TSJ de Castilla-La Mancha, sino que se otorgó la competencia sobre estos asuntos a determinados órganos judiciales que tenían otro tipo de cargas de trabajo. Esta puede ser una decisión correcta cuando la carga de trabajo es muy reducida, pero, cuando no es así, los juzgados no pueden esclarecer dos casos a la vez, ya que la violencia de género requiere de órganos especializados con medios y profesionales que conozcan bien este fenómeno. En Castilla-La Mancha, solo existe un juzgado de este tipo, cuando lo ideal sería que hubiera uno en cada capital de provincia para llegar así a un mayor número de población.

-Según su opinión, ¿qué ocurriría si se retirara el agravante penal por el hecho de ser hombre en los casos de violencia de género?, tal y como ha pedido Ciudadanos.

-Respeto cualquier planteamiento que se haga desde el ámbito político o social para intentar solucionar este asunto, pero creo que esta propuesta de Ciudadanos suscita controversia. El hecho de ser hombre, en nuestro Código Penal, no es un agravante. Es un error afirmar esto, ya que lo que existe es una noción legal en la que determinados tipos de conductas, amenazas o violencia contra la mujer se castiga de una manera más grave en la medida que se ejerce desde una posición de dominio o de poder, como es el caso de la violencia machista del hombre a la mujer. Este planteamiento es el que está recogido en la Ley contra la Violencia de Género y que los tribunales vienen interpretando de manera bastante equilibrada y prudente. Algo con lo que pretendemos también prevenir este tipo de actitudes tan reaccionarias y contrarias a la dignidad de la mujer.

-¿En qué tipo de delitos endurecería usted las penas?

-Los jueces debemos tener una posición de prudencia y de respeto al debate público, pero nuestra misión es aplicar las leyes aprobadas con una mayoría social en el Parlamento. Por otro lado, la legislación penal sufre demasiados cambios y la respuesta no solo debe pasar por una modificación de las penas y de su endurecimiento, sino también por una reflexión serena sobre qué respuesta se le debe dar a cada delito. A veces el incremento exasperado de las penas no es lo correcto, sino un castigo a tiempo y adecuado. No es bueno estar cambiando constantemente las leyes porque se puede dar a la sociedad un mensaje equivocado, por lo que no soy partidario de un endurecimiento de las penas, sino de analizar puntualmente cada supuesto para ver qué es lo que se necesita legalmente.

-Tras denegar la suspensión de la ampliación del espacio protegido en la laguna de El Hito, ¿de qué modo cree que se va a resolver este asunto, debido al gran interés que hay en instalar un almacén nuclear en Villar de Cañas?

-Sobre el fondo de este asunto no me puedo pronunciar, ya que está en manos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha. Hasta ahora lo que ha hecho este juzgado es resolver un incidente cautelar, después de que el Estado recurriera la decisión del Gobierno autonómico de iniciar los trámites de protección medioambiental de la laguna de El Hito. La sala ha anulado la suspensión de la medida de la Junta de Comunidades al entender que hay un conflicto de intereses, salvo que el Gobierno de España declare el proyecto del ATC de Villar de Cañas de Interés Nacional debido a su envergadura. Por eso, el tribunal lo que ha decidido es no suspender la ejecución mientras el proceso se tramita porque entiende que los daños que se pueden ocasionar son, en todo caso, de tipo económico. Si la sentencia fuera estimatoria o favorable a las pretensiones del Ejecutivo central, se podrían reparar económicamente al Estado y, si fuera favorable para la Administración regional, la protección medioambiental de esta zona se mantendría y habría que cambiar la ubicación del almacén nuclear. Algo que se sabrá dentro de unos meses.

-En cuanto al aeropuerto de Ciudad Real, ¿cómo cree que se está llevando el asunto? ¿Considera que se están tomando las decisiones correctas?

-Esta instalación aeroportuaria estaba gestionada por una determinada empresa y fue declarada en concurso de acreedores debido a las circunstancias de tipo económico por todos conocidas. La misión del Juzgado de lo Mercantil que lleva el caso fue desarrollar el proceso concursal para que, una vez los administradores constataran la imposibilidad de dar una viabilidad al aeropuerto, se llevará a cabo su liquidación y hacerla efectiva para que los acreedores puedan cobrar ante la falta de salidas. Lo que no podemos hacer los tribunales es resolver los problemas que dieron lugar a esa mala gestión económica y empresarial. Yo deduzco, derivado de las actuaciones judiciales, un defecto de procedimiento que llevó a una errónea adjudicación del aeropuerto por una cantidad que, a todas luces, era irrisoria y contraria al sentido común. El nuevo magistrado del Tribunal de lo Mercantil, una vez tomó posesión de su cargo, lo que hizo fue retomar el proceso de una manera serena y ha tratado de solucionar el asunto mediante una resolución de declaración de nulidad de actuaciones para dar una viabilidad racional a esta infraestructura acorde a los intereses de los administradores y de los acreedores.

-¿En qué punto se encuentra el proceso judicial iniciado tras la querella por una presunta corrupción que interpuso contra usted Fernando Presencia, juez decano de Talavera de la Reina y uno de los candidatos a la presidencia del TSJCM, que se opuso a su nombramiento?

-Respecto a la querella que este magistrado interpuso contra mí, que se suma a otra anterior con sus respectivos recursos, el Tribunal Supremo la archivó debido a la absoluta falta de verosimilitud y de fundamento de sus acusaciones contra mí. Soy muy prudente y solo quiero recordar mi trayectoria profesional de 33 años y la de este juez, que llegó a Talavera sancionado disciplinariamente por el CGPJ con un traslado forzoso, una penalización que le fue impuesta por una sentencia en firme del Tribunal Supremo. Ahora Fernando Presencia está suspendido de sus funciones porque se le ha abierto un juicio oral, en el que yo no participaré porque me he abstenido y me atengo a los hechos.

-Se ha puesto en funcionamiento recientemente un portal de transparencia. ¿Cómo funciona? ¿Cree que es necesaria su creación después de casos que salieron a la luz como el de Carlos Dívar al frente del CGPJ?

-Para todos aquellos que intervenimos en la gestión de recursos públicos y de medios al servicio de la administración de Justicia lo mejor es la mayor transparencia posible, como en este caso, a través de la página web del CGPJ. Mediante este portal todo aquel interesado podrá saber cómo funcionamos y tendrá información de nuestras actividades, de nuestras agendas o de los recursos con los que contamos. La apertura de puertas y de ventanas es una señal de que no tenemos nada que ocultar.

-Se dice que el CGPJ ha elegido a magistrados conservadores al frente de los TSJ autonómicos. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? ¿Se considera un juez conservador?

-Es una pregunta que me suelen hacer y es difícil que me pueda sustraer a todas estas afirmaciones. El CGPJ ha hecho una serie de nombramientos tratando de hacerlo de una manera transparente y motivada mediante un procedimiento público y con unas mayorías. Este órgano está formado por una gente de prestigio y con una reconocida trayectoria profesional, y los nombramientos que han hecho creo que responden a una serie criterios de mérito y de capacidad. Personalmente, yo tengo mi manera de pensar, pero cuando me siento en la mesa de mi despacho me debo a la ley y a la institución, esforzándome día a día. No me caso con nadie y tengo siempre presente la imagen de la justicia con una venda en los ojos. Por eso, creo que la etiqueta que tengo de juez conservador no responde a la verdad, ya que siempre intento actuar con rectitud e imparcialidad.

-¿Ve bien una mayor independencia de los jueces y de los órganos judiciales?

-Casi al 100%, ya que yo puedo responder por todo el mundo, estoy convencido de que los jueces y órganos judiciales en España son absolutamente independientes y desarrollan su labor con profesionalidad y con respeto a la ley. Desde que en 1985 se modificó el sistema de elección de los vocales del CGPJ, se han vertido ríos de tinta sobre las decisiones y nombramientos de este órgano de gobierno, muchas veces injustamente. No obstante, sí que es posible que en el debate público se pudiera contribuir desde los actores políticos a una total neutralidad de la Justicia, deshaciendo equívocos. Yo estoy de acuerdo con el sistema de elección vigente en el que son los jueces los que eligen a sus representantes, y muchas veces es más el ruido que las nueces debido al interés político. Por eso, creo que habría que tomar una serie de medidas institucionales tendentes a mejorar la imagen de la Justicia y a su despolitización porque, como se suele decir, la mujer del César, además de ser honrada, debe parecerlo. Y a ello también tienen que contribuir los partidos políticos, que utilizan muchas veces las decisiones judiciales en beneficio propio.

-¿Acabaría usted con los aforamientos?

-Acabar es una palabra demasiado contundente. Cuando se tratan estos asuntos se tiende a simplificar en exceso. Yo creo que sí es necesario recortar los aforamientos que se basan en privilegios, y no por el ejercicio de sus funciones. Es decir, a mi juicio, los responsables políticos que desempeñan un cargo en una institución pública deben tener un aforamiento porque, al estar en política, no pueden ser sometidos a una acción judicial que les aparte de su cargo. Y, por ejemplo, los jueces y magistrados están protegidos en el ejercicio de sus funciones por un aforamiento para que un litigante o una persona que está involucrado en un juicio contra ellos no pueda torpedear sus decisiones judiciales.

-¿Cómo cree que es considerada la Justicia por la sociedad ahora mismo?

-Existen contradicciones en la percepción que tiene la sociedad. Por un lado, está la imagen de la politización de la justicia, que habría que esforzarse por combatir mediante mensajes institucionales, reformas de las instituciones o mayor transparencia. Por otra parte, está la imagen de lentitud e ineficacia de los juzgados, lo cual es correcto, pero obedece no a una percepción de la labor de los jueces y juzgados, sino a la maquinaria organizativa de la Justicia tan vetusta, con necesidades de mejoras y modernización de sus medios materiales para dar respuestas ágiles, que no precipitadas. Y, por último, está la imagen de los juzgados llenos de ciudadanos que acuden a la justicia porque saben que sus jueces son la garantía de sus derechos, como en el caso de despidos, desahucios, lucha contra la corrupción, etc.

-¿Está de acuerdo con el pago de tasas judiciales?

-Ha habido mucho debate sobre este asunto, que es muy difícil de afrontar con mensajes simplistas. Las tasas judiciales deben existir, no se pueden negar en absoluto. Sin embargo, hay que establecer unas tasas adecuadas, y no disuasorias o eliminatorias del derecho a la tutela judicial efectiva. Deben tener una cuantía moderada y se tienen que valorar adecuadamente los supuestos en que proceden, por lo que creo que habría que hacer una revisión de las actuales para adecuarlas a esta idea, en la línea de lo hizo la reforma del ministro Rafael Catalá, que eliminó una serie de supuestos claramente disuasorios, aunque fue injustamente criticada.

-¿Cree que hay una Justicia para pobres y otra para ricos?

-En mi opinión, creo que no es así. Hay mecanismos para evitarlo, pero hay que seguir perfeccionándolos. Sí que es cierto que aquellos que tienen más recursos económicos y que pueden pagarse unos buenos abogados, a la hora de su defensa jurídica cuentan con más ventaja, pero los beneficios de la justicia gratuita intentan equilibrar la balanza a través del turno de oficio. Por eso, lanzo un mensaje de reivindicación de los profesionales de la Justicia española, que hacen un magnífico papel para hacer que la justicia triunfe y no haya una diferenciación en función de los recursos económicos.