Un juzgado pide saber cuánto ha pagado Saur por Emalsa
Las autoridades judiciales reclaman al operador de ciclo integral del agua líder en Canarias detalles de la operación de compra de la mayoría del capital. El Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. quiere tener el 51% y no el 34%
Las autoridades juidiciales especializadas en procesos mercantiles han reclamado este 2019 a la dirección de Emalsa, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y Puerto de Las Palmas, documentos de sus servicios de auditoría que expongan cuánto ha pagado Saur por el 33% las acciones que le dan la mayoría del control de la sociedad. Emalsa, según datos de Saur, ingresa cada semana un millón de euros.
La orden judicial procede de una demanda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, según ha adelantado « La Provincia/Diario de Las Palmas », sobre el 17% del capital de la empresa, que es lo que el gobierno municipal quiere comprar. El Ayuntamiento tiene 34% y espera sumar un 17% hasta sumar el 51%. Saur tiene actualmente un 66%. Lo que busca el Ayuntmiento es impedir esa mayoría y fijarla bajo control público.
Venta
Saur en España ha comprado una sociedad tenedora del 33% de Emalsa a una empresa que se llama Nueva Nuinsa. La operación se ha realizado en mismo año que el fondo con sede en Suecia EQT Infraestructures, propiedad de Jacob Wallenberg, compraba todo el grupo francés. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria considera que tiene prioridad sobre ese porcentaje para comprar.
Por ello, la corporación municipal ha reclamado una medida judicial a fin reclamar su papel como tutelante sino para hacerse con el mcontrol efectivo. Cuando EQT Infraestructures compró Saur se perfilaba entonces la mayor parte del capital de Emalsa, la mayor inversión en el extranjero de la multinacional francesa.
Así, de acuerdo con «La Provincia/Diario de Las Palmas», el juzgado pide a Emalsa a instancias del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. saber qué control real y efectivo tienen las sociedades privadas que forman parte del capital mayoritario de Emalsa.
La coalición de gobierno local, que integran PSOE, Podemos y Nueva Canarias, interpreta que tenía derecho de tanteo preferente al ser el mayor accionista y que los estatutos del proceso de privatización de 1993 imposibilita a los socios privados a tener más de 49% directa o indirectamente.
