La fiscalía denuncia la dejadez municipal en la vigilancia para detectar obras ilegales

Los Ayuntamientos de Canarias, en general, siguen haciendo oídos sordos a las advertencias de la fiscalía sobre su responsabilidad en la detección y denuncia de obras ilegales en sus territorios. El ministerio público lleva años insistiendo sobre la trascendencia de que los Consistorios, el «primer eslabón de la cadena», ejerzan eficazmente esta competencia, ya que la inacción y el paso del tiempo pueden desembocar en la consolidación de construcciones contrarias a la normativa urbanística. Los últimos datos al respecto, que la fiscalía de la comunidad autónoma compendia en su memoria de las actuaciones que llevó a cabo el año pasado, evidencian que continúa predicando en el desierto. Tan es así, que de las 25 diligencias de investigación que en 2014 incoó la fiscalía provincial de Las Palmas, las 25 que terminaron en formulación de denuncia, solo dos tuvieron origen en la labor de las concejalías de Urbanismo de los Ayuntamientos.

Las secciones de Medio Ambiente de las dos fiscalías provinciales de la región iniciaron en 2014 más de un centenar de diligencias de investigación por posibles delitos contra el medio, contra la ordenación del territorio o similares. Fueron 67 en la demarcación de Las Palmas, 25 más que en 2013, y 39 en la de Santa Cruz de Tenerife, tres más que en 2013. La memoria del ministerio público, a la que ha tenido acceso ABC, expone que 46 de esas 106 actuaciones dieron lugar a la formulación de denuncia ante los juzgados de instrucción, 31 ante juzgados de la provincia de Las Palmas y 15 ante órganos de la provincia tinerfeña. En este último caso, una denuncia fue por un delito de incendio forestal; siete fueron por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente; y otras siete, por delitos (siempre presuntos) contra la ordenación del territorio. En cuanto a la fiscalía de la demarcación oriental, una denuncia obedece a un delito de malos tratos a animales domésticos; cinco obedecen a delitos contra los recursos naturales; y hasta 25, a ilícitos contra la ordenación del territorio. Es este último dato el que sirve al ministerio público para ejemplificar la dejadez de las entidades locales.

La fiscalía de Las Palmas revela que tan solo dos de esas 25 actuaciones que acabaron en los juzgados por posibles delitos contra el territorio se iniciaron gracias a los departamentos de «disciplina urbanística» de los Ayuntamientos. Siete se incoaron por denuncias de particulares y las otras 16, por el trabajo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Al hilo de lo anterior, se insiste en el informe, «una vez más», en que los servicios de inspección de los Consistorios «deberían detectar si realmente una obra está autorizada o no, y si se ajusta a lo realmente aprobado por la oficina técnica de la corporación local». Asimismo recuerda el ministerio público que si falla este «primer eslabón de la cadena», esto es, los Ayuntamientos, «es difícil detectar con celeridad la construcción ilegal, y al no advertir de estas infracciones tanto a la Apmun como a la fiscalía se corre el riesgo de consolidación de urbanizaciones y/o construcciones contrarias a la normativa urbanística».

Un aviso

La fiscalía avisa que el artículo 320.1 del Código Penal, tras la reforma que se llevó a cabo en 2010, ya prevé «expresamente» la posibilidad de castigar por vía penal los intentos de silenciar las infracciones de normas urbanísticas o de ordenación o la omisión de inspecciones de carácter obligatorio.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife también fueron más las diligencias de investigación que promovieron los ciudadanos (21) que aquellas que impulsaron las entidades locales (siete). Otras siete tuvieron origen en la labor de los agentes del Seprona y las restantes cuatro, en las denuncias de colectivos y asociaciones conservacionistas. La fiscalía de la demarcación pone así énfasis en el aumento del número de investigaciones preprocesales a raíz de las denuncias de particulares, «en las que en su mayoría se ponen de manifiesto presuntas actuaciones administrativas irregulares», ahonda.

Sentencias condenatorias

A lo largo del año pasado se dictaron un total de 25 sentencias por posibles delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, contra la ordenación del territorio o de malos tratos a animales, por ejemplo. La mayoría de esas resoluciones, 20 exactamente, resultó condenatoria. Una veintena de sentencias condenatorias de las que 15 se leyeron en juzgados de la provincia de Las Palmas: ocho por construcciones no autorizadas en suelos especialmente protegidos o edificaciones en suelos no urbanizables, tres por delitos de incendio forestal, dos por delitos contra la flora y la fauna y otras tantas por ilícitos de maltrato animal. En la otra provincia, la tinerfeña, las cinco condenas fueron por delitos contra la ordenación del territorio, en dos casos, contra los recursos naturales y el medio ambiente, por incendio forestal y por maltrato a animales domésticos. El ministerio público destaca la celebérrima sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, la fechada el 19 de febrero de 2014 y que ordenó la demolición del «mamotreto» de la playa de Las Teresitas.