Detectan deficiencias en una serie de contrataciones de Promotur

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha detectado deficiencias en parte de las contrataciones que la empresa pública Promotur Turismo de Canarias llevó a cabo entre el 1 de enero de 2007 y el 2 de junio de 2011. El órgano fiscalizador de la comunidad autónoma avisa que la sociedad anónima, dependiente del Gobierno regional, puede incluso haber incurrido en responsabilidad contable, en concreto en el caso de una serie de contratos menores suscrita con la Universidad Complutense de Madrid.

El pleno de la Audiencia de Cuentas, que preside Rafael Díaz Martínez, aprobó el informe de fiscalización de Promotur, al que ha tenido acceso ABC, el último día 10. Una exposición que pone de manifiesto diversas carencias en determinados procesos de contratación del ente autonómico, hasta el punto de que algunas de estas deficiencias podrían revelar que la empresa pública cayó en responsabilidad contable, algo que, en cualquier caso, tendrá que decidir el Tribunal de Cuentas

. La institución fiscalizadora señala específicamente un conjunto de contratos menores firmados en 2008 con la Universidad Complutense, siete en total, del que podrían deducirse indicios de responsabilidad contable.

Los contratos en cuestión están relacionados con las campañas promocionales que Promotur, es decir, el Gobierno de las Islas, ejecutaría aquel año en los países nórdicos, el Reino Unido, Francia, los países del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), Polonia, Alemania e Italia. Y ocurrió que Promotur contrató los servicios de un equipo investigador de la Complutense para el asesoramiento sobre la valoración de las ofertas de cada procedimiento de adjudicación, esto es, las ofertas relativas a cada una de las siete campañas promocionales. La empresa no ofertó, sin embargo, un único convenio, sino que formalizó con la «alma mater» madrileña siete contratos menores de 18.000 euros cada uno, cantidad esta que supone la máxima cuantía a que puede llegar un contrato de este tipo. «La adjudicación de dichos contratos de asesoramiento [...] recae sobre el mismo adjudicatario, coincidiendo el equipo investigador, además de desarrollar la misma metodología para la valoración de las ofertas [...]; por tanto, podría haberse adjudicado en un único tipo procedimental que garantizara los principios de publicidad y concurrencia, con el objeto de no incurrir en la prohibición contenida en el artículo 74.2 de la LCSP 30/2007», explica la Audiencia.

El susodicho artículo reza: «No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan».

En 2009 ya no hubo fraccionamiento

El órgano fiscalizador, que investigó la gestión y los contratos de Promotur en el período en cuestión a instancias del Partido Socialista Canario (la empresa pública fue en esos años responsabilidad del Partido Popular), expone que uno de los hechos que «contribuye a reforzar» la posibilidad de que se haya incurrido en responsabilidad contable, por fraccionamiento indebido de un contrato, es lo que ocurrió un año después, en 2009. Entonces, el ente autonómico sacó a licitación la campaña europea «de manera conjunta» y, «por ende», también los contratos de asesoramiento relacionados. Hay que aclarar que estos siete contratos con la Universidad Complutense no son, de entre los analizados por la Audiencia, todos los señalados por deficiencias.