PP y Podemos coinciden en la denuncia del gasto en la «administración paralela»

Partido Popular (PP), Podemos y Nueva Canarias (NC), es decir, todas las fuerzas políticas de la oposición que cuentan con grupo propio en el Parlamento autonómico, defenderán este miércoles en la Cámara sus respectivas enmiendas a la totalidad a los primeros presupuestos con el nacionalista Fernando Clavijo al frente del Gobierno regional. Alrededor de una decena de páginas en los casos de PP y Podemos y casi 40 en el de NC que ponen de manifiesto una cercanía argumental en determinados asuntos que es especialmente llamativa en los populares y los de Pablo Iglesias. Tan es así, que esta cercanía de ideas se deja ver incluso en lo terminológico: tanto PP como Podemos denuncian la «administración paralela» (empresas públicas, asesores, altos cargos...) que Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) se resisten, a su juicio, a aligerar.

El PP, cuyo portavoz en materia de economía, Jorge Rodríguez, será el encargado de defender la enmienda a la totalidad de su grupo, enumera sus seis razones para rechazar los presupuestos de 2016: porque son unos presupuestos «de continuidad», por la «alta presión fiscal», por los «limitados recursos para combatir el desempleo», porque los empleados públicos «siguen discriminados», por los «impedimentos al impulso de los sectores productivos» y porque la «administración paralela» continúa «bien tratada».

Los populares consideran, por tanto, que los cálculos de nacionalistas y socialistas reinciden en las «erráticas» políticas económica, fiscal y social que ya llevara a cabo el anterior Ejecutivo, el que presidió Paulino Rivero. Prueba de ello, reza el texto de la enmienda, es que el gobierno de CC y PSC-PSOE «solo» prevé una disminución del paro de un 1,8%. Asimismo insisten sobre el mayor esfuerzo fiscal que tendrán que soportar familias y empresas, a pesar de la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones, y sobre la «falta de calidad» de los servicios públicos: educación, sanidad, justicia, etcétera. «Hacen falta más recursos económicos destinados a las políticas sociales», advierte el PP, que juzga necesario, en paralelo, reformas «estructurales» e inversiones para dar empuje a los sectores productivos. Los de José Manuel Soria, el ministro preside el partido en las Islas, entienden, además, que esa «administración paralela», y en concreto el entramado de empresas públicas, «se mantiene inalterable». El PP contrapone ese conjunto de entes dependiente de la Administración autonómica, «mayoritariamente deficitario», a los «tan solo» 23 millones más que se destinan para los sectores productivos y a los «apenas» 17 en que aumenta el «esfuerzo inversor».

En esto último ahonda Podemos en su enmienda, en la que repara en que el Gobierno del Archipiélago «sigue negándose a reducir el volumen de la administración paralela». El grupo parlamentario cuya portavocía desempeña la diputada Noemí Santana expone que los sueldos de los miembros del Ejecutivo y demás altos cargos se disparan en total en un 12%, un 4,5% en el caso de los emolumentos de los asesores y el personal eventual. No en vano, agrega, hay más consejerías, viceconsejerías, direcciones generales «y otros puestos que se han creado en la reedición del pacto». Esto «choca», argumenta Podemos, «con el 1% del aumento en sanidad y educación», como «chocante es también la asistencia al presidente del Gobierno, que supone un gasto de 3,9 millones de euros». Los de Iglesias ejemplifican su postura con cifras contrapuestas: los cerca de 428.000 euros que costará la asistencia a la vicepresidente, la socialista Patricia Hernández, y los casi 100.000 menos de que dispondrá para gasto corriente el comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza.

Podemos califica además de «ridículos» esos «apenas» 17 millones en los que aumenta el «esfuerzo inversor» y pone énfasis en que el incremento de los fondos destinados para la prestación de inserción y la atención a la dependencia es «insuficiente».

NC minimiza el incremento

NC explica en el texto de su enmienda a la totalidad que de los poco más de 357 millones de euros en que aumenta el presupuesto, «solo» 87,2 millones «es gasto destinado a atender los servicios públicos o a favorecer la actividad económica», mientras que el resto, alrededor de 316 millones de euros, se empleará en amortizar deuda. En consecuencia, en el partido que preside Román Rodríguez opinan que tal cantidad no permitirá ni contribuir a la cohesión social, ni evitar el deterioro de los servicios públicos, ni reactivar la depauperada economía del Archipiélago, ni crear empleo, «como sostiene el Gobierno».