Convirtamos Canarias en un paraíso fiscal

Es mucho lo que se ha dicho y escrito en las últimas semanas en contra de los países con bajos impuestos, con seguridad jurídica y alta protección de la privacidad de los ahorradores. Estos lugares, más conocidos como paraísos fiscales, frente a lo que piensan algunos, promueven el crecimiento económico, la calidad institucional y una menor tributación global gracias a la competencia fiscal que ejercen. Además, sirven para que personas que sufren persecución política, económica o religiosa puedan asegurar sus ahorros. Disidentes políticos, judíos que viven en Oriente Medio o familias amenazadas con el secuestro en países controlados por las mafias son algunos ejemplos.

Quizás de las cosas más curiosas que he leído ultimamente fue una noticia publicada por el portal de izquierdas eldiario.es a través de su página local CanariasAhora con el titular “ ZEC: La sombra de la zona offshore de Canarias".

En ella se daba a entender que el Archipiélago Canario podría llegar a ser calificado de paraíso fiscal. Sin embargo, como trataremos de explicar a continuación, desgraciadamente, no puede tener esta calificación.

La primera condición para poder ser denominado paraíso fiscal es que tenga baja fiscalidad. Canarias no goza de bajos impuestos, más bien todo lo contrario. Es una de las comunidades autónomas con los impuestos sobre la renta del trabajo más altos; los impuestos de sociedades, aunque algo inferiores que en el resto del territorio nacional, también son bastante elevados; y los impuestos indirectos han pasado de no existir a ser más altos que el porcentaje total de impuestos que se pagan en algunos paraísos fiscales. Todo esto sin contar que existen, además, gran cantidad de tasas y otros impuestos. Por ello, no cumpliría esta condición.

La segunda exigencia es la de seguridad jurídica. Desgraciadamente las Islas se han convertido desde hace muchos años en una de las regiones más corruptas de España gracias a la elevada intervención pública en casi todos los asuntos económicos. La discrecionalidad en multitud de normas, especialmente las que tienen que ver con el suelo, el medio ambiente y la fiscalidad, es asombrosa. Recientemente hemos vivido casos como el de RIU en Meloneras donde, promovido por un competidor local, el Gobierno de Gran Canaria prohibió la construcción de un nuevo hotel que cumplía con la legalidad urbanística (según el ayuntamiento competente en otorgar la licencia) y terminó derivando en la marcha de los inversores a otro lugar. Con este panorama de inseguridad jurídica tampoco cumpliría con esta premisa.

La tercera y última norma es la de proveer a los ciudadanos de una alta protección de sus ahorros. Nada más lejos de la realidad. En Canarias, al igual que el conjunto de España, cualquier pequeño ayuntamiento dispone del suficiente poder para embargar a sus vecinos sus ahorros sin demasiada dificultad. Es más, en los últimos meses, estamos viendo, en nuestro país, hechos tan vergonzosos como la publicidad de la declaración de la renta de algunos ciudadanos dejando al descubierto sus datos fiscales.

En concusión, no solo no se puede decir que Canarias sea un paraíso fiscal sino que, lo justo y lo veraz, sería asegurar que sufre un infierno fiscal por ser una zona con impuestos abusivos, escasa seguridad jurídica y ninguna protección a la privacidad de los ahorradores. Esta situación está llevando a los canarios a la pobreza, y la prueba de ello es que hoy tenemos un 26% de paro, es decir, 285.000 personas que no consiguen trabajo ni lo podrán encontrar por culpa de haber nacido en un infierno fiscal y no poder escapar de él.

Sin embargo, las Islas Canarias en un pasado no muy lejano fueron un puerto franco con un prometedor futuro. Por esta razón, los políticos canarios, en vez de criticar o criminalizar a estos lugares, deberían trabajar por volver al pasado e intentar sacar a las Islas del fuego del infierno. Sólo de esta forma, Canarias podrá ser promocionada, sin faltar a la verdad, como “el paraíso”.