Coalición Canaria desvela que NC y Podemos pactan atacar a los dueños de apartamentos de Maspalomas

El líder de Coalición Canaria (CC) en el Sur de Gran Canaria, Alejandro Marichal, desveló este lunes que Nueva Canarias (NC) y Podemos han pactado un ataque al control de la propiedad privada de apartamentos en las áreas de San Agustín, Maspalomas y Playa del Inglés, entre otras. En San Bartolomé de Tiranaja, CC afirma que está trabajando precisamente en una línea totalmente contraria con el freno de expropiaciones.

Marjchal adelantó que NC y Podemos han presentado al Parlamento de Canarias enmiendas al proyecto de la Ley del Suelo con las que proponen modificar, en el caso de NC, o suprimir, de acuerdo con el criterio de Podemos, lo que se llama la "consolidación" del uso de apartamentos como residencias.

Para los nacionalistas canarios, la medida que defiende NC y Podemos sale de la factoría de ideas de la Patronal hotelera de Las Palmas (FEHT) que, entre otras cuestiones, establece que las propiedades en suelo turístico destinadas a uso residencial "dispondrán de un plazo de ocho años para revertir el uso al que esté destinado la parcela".

Alejandro Marichal apuntó que la propuesta de NC "vele única y exclusivamente por los intereses de hoteleros y extrahoteleros y obvie totalmente los intereses de las personas afectadas" y que en el texto de NC "no hay una sola mención a cómo gestionar la situación de los propietarios, quedando en el olvido sus derechos y necesidades".

Podemos, por su parte, afirma que "existen en el litoral turístico demasiados casos de implantaciones residenciales absolutamente ilegales (contrarias al planeamiento y carentes de cualquier título legitimador) en zonas destinadas exclusivamente al uso turístico".

Quien defiende la tesis anterior es la portavoz parlamentaria, Noemí Santana, que justifica: "declarar la compatibilidad general, definitiva, absoluta e incondicional del uso residencial existente en cualquier zona y ámbito turístico, incluso cuando resulten contrarios a la ordenación vigente es, sin lugar a dudas, la peor de las soluciones posibles, la más dañina para el sector turístico legal y consolidado, y por ello se plantea su supresión".