Torra usa la ONU como cortina de humo ante el revés de Estrasburgo
EL Gobierno cuestiona el grupo de trabajo de Naciones Unidas al que se aferra el separatismo
Ni un ápice de autocrítica. Tras el gran golpe que Estrasburgo ha espetado al modus operandi de los independentistas para imponer su proyecto rupturista, el Govern mira para otro lado. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) rechazó una demanda de 76 diputados del Parlament al concluir que el Constitucional actuó bien cuando suspendió el pleno del 9 de octubre de 2017 , en el que el entonces president, Carles Puigdemont, pretendía proclamar la independencia. Fue «necesaria en una sociedad democrática» para mantener la seguridad pública, el orden, y la protección de los derechos de los diputados en minoría», dice Estrasburgo.
Ante esto, el independentismo hizo oídos sordos pese a que tienen puestas sus esperanzas en el TEDH para que este tribunal corrija lo que ven una persecución ideológica del Estado. Al preguntársele en rueda de prensa por el varapalo de Estrasburgo a la tesis secesionistas, la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, dijo respetar las decisiones «de los tribunales internacionales» –de los españoles ya es otra cosa– y apostilló que espera que si futuras resoluciones de este tribunal son favorables a los soberanistas sean aceptadas por «los unionistas».
Las formaciones independentistas pasaron ayer de puntillas por esta cuestión. Trataron de usar como cortina de humo una comunicación de un grupo de trabajo sobre detención arbitraria, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que pide la puesta en libertad de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, al considerar que su prisión provisional es arbitraria. Este informe, presentado cuando el juicio del Supremo está a punto de acabar, y coincidente en el tiempo también con la resolución de Estrasburgo sobre los tejemanejes secesionistas, asume buena parte de los postulados independentistas.
El Gobierno se apresuró ayer a cuestionarlo, según informa Víctor Ruiz de Almirón . Fuentes de La Moncloa ponen en duda la «independencia e imparcialidad» del informe, y ven «especialmente grave» que se emita poco antes del fin del juicio del Supremo, lo que podría interpretarse como una «interferencia en un proceso penal en marcha». Para el Gobierno, el informe peca de errores flagrantes. Por ejemplo, no tiene en cuenta el principio de separación de poderes, y pide al Gobierno adoptarmedidas que corresponderían al Poder Judicial. Los redactores del informe no saben de qué delitos están acusados los denunciantes; consideran que convocar un referéndum de secesión es legal; dan por hecho que se juzga a las personas por sus ideas, y se confunden cuando dicen que las concentraciones del 21 y 22 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía eran en favor del referéndum, cuando querían obstaculizar los registros policiales bajo una orden judicial. Hubo unanimidad, por tanto, desde el espacio político separatista en mostrar un perfil bajo ante las evidencias que llegaban de Estrasburgo.
No fue el caso de los abogados más activos del procés. Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, se refirió implícitamente al letrado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, desde su cuenta de Twitter. Boye cargó contra el abogado que «hizo ese recurso porque el TEDH y el TJUE son sitios muy técnicos a los que hay que llegar con los deberes hechos y los pantalones en su sitio». A lo que Van den Eynde no tardó en contestar: «El representante de los demandantes no es necesariamente el redactor. La demanda que, por cierto, no hubiera redactado yo en inglés, pero la letrada que se encargó hizo los deberes lo mejor que pudo».
Sea como fuere, Estrasburgo echó por tierra las pretensiones de los secesionistas no por su forma sino por su fondo . Aunque para el secesionismo sea más importante un grupo de trabajo político (ONU) que una sentencia judicial, como la del TEDH.
Así lo escenificó, ayer, Quim Torra, presidente de la Generalitat, en una comparecencia de urgencia –sin preguntas– a media tarde. El presidente autonómico considera muy grave el informe de la ONU y anunció que el gobierno catalán –que se reunirá extraordinariamente mañana– pedirá a la Fiscalía que «promueva» ante el Supremo y el resto de tribunales «la retirada de las acusaciones» contra los líderes del procés, y su «inmediata» puesta en libertad.
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