En prisión el empresario Ulibarri por la «trama de los semáforos»
También van a la cárcel un responsable de Gespol y su principal «conseguidor»
El conocido empresario José Luis Ulibarri , magnate de la comunicación de Castilla y León y propietario de decenas de empresas, había logrado hasta ahora zafarse de la prisión a pesar de estar implicado en la trama de Boadilla del caso Gürtel y de que el fiscal pida para él 7 años de prisión por este asunto.
Ayer, sin embargo, cambió su suerte después de que el juez de Mataró, que lleva el caso de la conocida como «trama de los semáforos» , decidiera su ingreso en la cárcel por su destacado papel en la red corrupta que sacaba importantes cantidades de dinero de lo que se conoce como «pacificación del tráfico» ; en otras palabras, de las adjudicaciones públicas irregulares concedidas por ayuntamientos de instalaciones de software de gestión de multas, radares, semáforos y otros elementos que contribuyen a la seguridad vial.
Una de las formas que tenía de conseguir el favor de las administraciones locales era la de dispensar a los políticos un buen trato en los medios de comunicación que controla.
Como ya ha informado ABC, en el epicentro de la trama se encuentra una empresa, Gespol , que actúa en este sector y la prueba de ello es que uno de sus máximos responsables, José Alberto Bueno , también ha ingresado en un centro penitenciario por orden judicial.
La tercera persona que había corrido la misma suerte hasta el cierre de esta edición es Roberto Legazpi , uno de los «conseguidores» principales que trabajaban para la citada compañía, según las fuentes consultadas por ABC.
«El patatero» de Astorga
Sin embargo, según las mismas fuentes, hay una cuarta persona que ayer por la tarde tenía serias posibilidades de entrar en prisión, ya que así lo iba a solicitar la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de Ángel Luis García , conocido como «el patatero», otro empresario leonés que controla, entre otras sociedades, el Faro de Astorga. Su empresa de obras e ingeniería, Agema , está entre las investigadas y entre sus empleados se encuentra el ex teniente de alcalde y concejal socialista Juan José Simón . Agema, por lo demás, está vinculada a José Luis Ulibarri y ha realizado varias obras para el Ayuntamiento de esa localidad leonesa desde la pasada legislatura.
El resto de los que han pasado a disposición judicial -un total de 13 ante el juez de Mataró y 5 ante el de Astorga, que instruye una pieza separada- han quedado en libertad con cargos y muchos de ellos con distintas medidas cautelares .
Respecto al resto de implicados es de destacar que el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez , elegido en las listas de Ciudadanos, permanece «estable» en la Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos del Hospital Clínico San Carlos, donde se quedará en observación tras haber sido ingresado ayer por la mañana ante la posibilidad de que hubiera sufrido un infarto . El primer edil fue trasladado por una UVI del SUMMA al centro hospitalario. A las 11.16 horas el servicio de emergencias 112 Comunidad de Madrid recibió una llamada alertando de que un varón de 56 años se encontraba en mal estado, y atendió inicialmente a Ruipérez ante un posible infarto. Anoche se encontraba estable.
Alianzas ocasionales
Las fuentes consultadas por ABC destacaron que los implicados no formaban una organización criminal al uso , sino que se asociaban en función de sus intereses para cada operación. En la red actuaban una docena de empresarios y conseguidores . Estos últimos, como se sabe, eran los que primero entraban en contacto con los ayuntamientos para comenzar a «tocar» a las personas clave a la hora de conseguir sus propósitos.
Asimismo, precisaron que las entradas y registros se hicieron únicamente en aquellos ayuntamientos en los que había indicios claros de que se había producido una actividad delictiva , mientras que en el resto de los afectados, en los que también actuaba Gespol, se optó por pedir información para hacer las comprobaciones oportunas.
Como ya adelantó ayer ABC, la trama amañaba e inflaba los contratos públicos . Las fuentes consultadas no descartan que pueda salir más obra pública adjudicada de forma irregular a raíz del análisis de la abundante documentación intervenida, que ocupa más de una habitación: « Aún queda mucho trabajo por hacer y no se descartan nuevas sorpresas », insisten los mismos medios.
Las pesquisas son avaladas por las intervenciones telefónicas realizadas a lo largo de la investigación. Los implicados, al contrario de lo que ocurre por ejemplo con los narcotraficantes, no utilizaban un lenguaje encriptado , aunque desde luego mantenían por teléfono una cierta discreción. No obstante, ha sido posible extraer algunos datos de interés para las pesquisas.
Los hechos investigados en la «operación Enredadera» serían constitutivos de los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
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