Pablo Casado, ayer en Barcelona
Pablo Casado, ayer en Barcelona - Pep Dalmau

Ofensiva de Casado frente al «ultraje» de los independentistas presos a España

El PP registra hoy en el Congreso la propuesta de modificación de la ley para prohibir los indultos a condenados por rebelión y sedición

BarcelonaActualizado:

En las filas populares aseguran que Pablo Casado no es un «jabalí parlamentario», como sí lo sería, a su juicio, Albert Rivera, y por eso no interrumpió la sesión constitutiva del Congreso para prostestar por las declaraciones de los independentistas presos. Pero el presidente del PP no se quedó de brazos cruzados. Al acabar la sesión exigió que se revisara una a una todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución que se utilizaron en el Congreso, y ayer anunció que están analizando con detalle los juramentos y promesas para comprobar si «algo parecido a un perjurio» merece reproches penales.

Hoy mismo, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, registra en el Congreso la propuesta de modificación de la ley para prohibir los indultos a condenados por sedición y rebelión.

Tras la resaca de la sesión constitutiva del Congreso, Casado se desplazó ayer a Barcelona para continuar con su campaña electoral. Tras visitar un centro pionero de innovación y nuevas tecnologías, compareció en una plaza, con escaso público, acompañado de Dolors Montserrat y Josep Bou, y sin Cayetana Álvarez de Toledo, quien poco antes había aplaudido a Rivera por sus palabras en el Congreso el día anterior, en plena trifulca parlamentaria.

En su intervención callejera, Casado anunció que su partido está analizando «si la figura del perjurio, que está presente en otros ordenamientos jurídicos, es decir, jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad, es en este caso algo constitutivo de algún reproche penal».

«Esto no solo está en vigor en los Estados Unidos sino en otros ordenamientos jurídicos y no solo en los procesos judiciales, sino también para las fórmulas institucionales en las que alguien adquiere la condición de servidor, funcionario o representante público», señaló. Fuentes populares señalaron que el «perjurio» es equiparable al «falso testimonio», y estudian si en este caso se cometió alguna ilegalidad en ese sentido.

En su ofensiva parlamentaria, el PP ha presentado otro escrito en el Congreso para solicitar el acta taquigráfica en la que se recogieron fielmente todas las intervenciones de los diputados en el punto relativo al acatamiento de la Constitución, para conocer el contenido exacto de las palabras que se pronunciaron.

«Escaños por indultos»

Casado acusó al PSOE y al PSC, «que es el que manda en el PSOE», de «connivencia y complicidad» con los presos en el Congreso, en un espectáculo que considera un «escarnio» para la democracia. El presidente del PP está convencido de que la izquierda y los independentistas están ocultando hasta las elecciones del 26 de mayo un pacto que ya está hecho: «Escaños por indultos». “No me queda ninguna duda, y es muy preocupante”. “Los españoles no se merecen un Gobierno que está ocultando la verdad y quiere llegar a las elecciones con un disfraz de falsa moderación”, advirtió.

Por la tarde, el PP presentó una denuncia ante la Fiscalía contra los independentistas presos que presentaron sus credenciales el lunes 20 de mayo en el Congreso, por desobedecer las instrucciones del Tribunal Supremo y «ultrajar España y las instituciones».

En la denuncia se explica que una vez en el Congreso, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull «grabaron cada uno de ellos un vídeo, posteriormente difundido a través de las redes sociales, y de los que inmediatamente se hicieron eco los medios de comunicación, contraviniendo el mandato expreso expreso y terminante» de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, «a la que estaban sujetos los citados diputados, en prisión preventiva».

Los populares denuncian que «quebrantando de modo consciente y preconcebido el mandato del Alto Tribunal», los presos realizaron declaraciones y grabaron las mismas en formato vídeo con la finalidad de que éstas fueran posteriormente difundidas públicamente. Unas conductas que los populares creen que se llevaron a cabo de modo preconcebido y planificado con la finalidad «de ultrajar a España y sus instituciones».

«El contenido de tales declaraciones, asimilables a la injuria, supuso un ataque y vilipendio de carácter infamante de carácter infamante a la imagen y prestigio de la Nación española tanto a nivel nacional como internacional».