Jordi Pujol se benefició de fondos de «origen criminal»

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata imputó ayer a Jordi Pujol y a Marta Ferrusola por un presunto delito de blanqueo de capitales cometido en connivencia con el resto de la familia. El expresidente de la Generalitat y su esposa ya estaban imputados en el Juzgado 31 de Barcelona por el caso de la herencia, pero ahora lo están también en la primera pieza del caso Pujol, la que investiga los negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, la causa que abrió el «melón Pujol». Además, la investigación de la herencia pasará a ser competencia de la Audiencia.

Jordi Pujol padre y Marta Ferrusola tendrán que declarar el próximo diez de febrero en calidad de «investigados», el término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamento Criminal.

A efectos prácticos es lo mismo: acudirán con abogado, podrán acogerse a su derecho a no declarar y podrán mentir. Un día después comparecerá de nuevo su primogénito. El auto que emitió ayer el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco supone un avance crucial en la investigación del caso, ya que dibuja a toda la familia como una banda organizada que se dedicaba a cobrar comisiones en efectivo y con facturas falsas y a repartirse en el extranjero esos «fondos de origen presuntamente criminal».

Contratos «simulados»

El juez De la Mata, que dictó ayer un total de 13 autos, hace un minucioso relato del sistema utilizado por el clan para enriquecerse de forma ilícita. En el centro está Jordi Pujol Ferrusola, quien, junto a su mujer, Mercè Gironés, «son titulares de varias sociedades instrumentales», la principal Iniciatives Marketing i Inversions, que no producen valor real añadido alguno, y cuya única utilización ha sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero». Estas sociedades facturaron más de 11 millones de euros por tareas de asesoramiento «a un conjunto de empresas que tienen como denominador común que su cifra de negocios principal proviene de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público». El juez es tajante: «En ninguno de los casos se ha aportado el más leve indicio que justifique la preparación, realización o seguimiento de ninguno de los trabajos de asesoramiento para los que se simuló la contratación de Jordi Pujol Ferrusola».

La investigaciones de la Udef han acreditado que los contratistas de obras públicas «generaron pagos millonarios» al hijo mayor del expresidente catalán en «operaciones comerciales ilógicas» y en las que Pujol Ferrusola no participó «en nada». Este contaba con un «entramado societario internacional dispuesto para el blanqueo de capitales» que además fue utilizado «para canalizar capitales ocultos en Andorra, con origen también en muchos casos en la percepción de comisiones».

Para todo ello, el mayor de los siete Pujol Ferrusola se sirvió de varios testaferros que le posibilitaron tener cuentas corrientes en México, Andorra, EE.UU, Paraguay, Argentina y Panamá, y realizar inversiones «utilizando diversas compañías instrumentales». Además, las distintas cuentas corrientes que el matrimonio manejaba presentaron «abonos en efectivo de origen desconocido, que no pueden asimilarse a una actividad legal». Parte de esos fondos han sido distribuidos por Jordi Pujol Ferrusola «entre sus hermanos (Oleguer, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Marta) y su madre, en cantidades similares, y generalmente en momentos coincidentes con ingresos de origen desconocido». El único que oficialmente no tenía cuenta era el padre, Jordi Pujol, pero dos documentos enviados en la comisión rogatoria de Andorra lo implican y se han traducido en su imputación. Se trata de la cuenta 63810 abierta en el año 2000 en la Banca Reig con un primer ingreso de 307 millones de pesetas (más de 1,8 millones de euros). El titular era Jordi Pujol Ferrusola, pero el mismo día de la apertura el primogénito entrega un documento en el que «explica que él no es dueño de esos fondos y que el real titular de ellos es Jordi Pujol Soley», entonces presidente de la Generalitat.

El segundo documento es un manuscrito del propio Jordi Pujol i Soley fechado en mayo de año 2001 (fue presidente de la Generalitat hasta diciembre de 2003) «en el que afirma ser propietario de la cuenta número 63810 y declara que, para el caso de su defunción, todo lo que haya en esa cuenta ha de pasar a Marta Ferrusola Lladós». El documento está firmado por Pujol padre «de dos formas, su propia grafía y el número de la cuenta manuscrito y en letras».

De este modo, el juez concluye que «Pujol Soley es titular real de los fondos existentes en la cuenta 63810, que fueron ingresados en efectivo y de los que dispuso hasta finales de 2010, con idéntica intención de ocultación, utilizando a persona interpuesta, y ocultando también su origen». De la Mata añade que «dicho patrimonio no consta que se justifique con los ingresos ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años, presidente de la Generalitat de Cataluña» y «no consta negocio jurídico alguno que justifique esos incrementos patrimoniales».

Todos estos indicios apuntalan la tesis de la falsedad de la supuesta herencia que habría legado el abuelo Florenci Pujol, máxime teniendo en cuenta que los Pujol declararon al abrir las cuentas que los fondos provenían de una herencia, pero de otra parte de la familia, los Ferrusola (ver información adjunta). Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional destaca que el clan Pujol «avanzó en la metodología utilizada para canalizar los ilícitos, y comenzaran a utilizar sociedades instrumentales para el cobro de las comisiones ilícitas (antes lo harían en metálico), porque además éstas eran más sencillas de generar para los pagadores, teniendo además beneficios fiscales, al ser considerado como un gasto y soportar IVA».

Lo hicieron, presuntamente, debido al «reforzamiento de los sistemas de prevención de blanqueo de capitales, intensificados sobre el control del manejo de dinero en efectivo».