Las absoluciones de Brugal vuelven a cuestionar los juicios paralelos
Veinte años después, los 34 acusados de la trama han sido eximidos de culpa tras anularse las escuchas
Durante dos décadas se ha dado por supuesto que algo olía mal en la gestión de las basuras en la Vega Baja alicantina, con una investigación de gran calado, el caso Brugal, que ha tenido en la picota una larga lista de representantes del PP –hasta defenestrarlos políticamente– y a varios empresarios. Ahora, los tribunales han absuelto a los 34 acusados en la pieza matriz al invalidar escuchas telefónica y registros y, por la misma razón, podrían archivar también las 20 piezas separadas.
La condena en un auténtico juicio paralelo en muchos medios de comunicación ha sido evidente durante años de informaciones sobre esta investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que arranca por las grabaciones del epicentro de todo, el empresario Ángel Fenoll, que acudió a las Fiscalía Anticorrupción con este material como prueba de irregularidades, sus conversaciones con políticos para sobornarles. Pero en la Audiencia Provincial de Alicante han desechado estos audios por no tener garantías de que no estaban manipulados.
Tampoco han admitido finalmente los jueces algunos registros policiales y, sobre todo, los pinchazos telefónicos que proporcionaron ese relato de la corrupción ahora convertido en papel mojado a pesar de que la Fiscalía y la acusación particular –que ejerce el Ayuntamiento de Orihuela– todavía pueden recurrir al Supremo.
Se había solicitado nada menos que 37 años y ocho meses de prisión para Fenoll, por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral. También, 12 y 8 años de cárcel para los exalcaldes oriolanos José Manuel Medina y Mónica Lorente, respectivamente, y otras penas menores para familiares directos y personas del entorno de Fenoll, además de ocho concejales populares.
Ni siquiera esta absolución completa ha convencido a los partidos de la oposición de izquierdas en este ayuntamiento alicantino. Para Cambiemos Orihuela, sigue estando clara la culpabilidad: «Diga lo que diga la sentencia del caso Brugal, la corrupción política que destrozó Orihuela es innegable» . Desde las filas socialistas, cuestionan igualmente el veredicto de los tribunales y se han declarado «decepcionados» con este desenlace. «La verdad la sabemos, las consecuencias políticas son conocidas, pero la verdad judicial dada a conocer es otra diferente y hay que reconocer que es decepcionante, aunque habrá que asumirla», valoraron.
Esta primera pieza se refiere a la contrata de basuras y limpieza de residuos urbanos en Orihuela, pero quedan pendientes otras 20 , como la del Plan Zonal, con la construcción y gestión de una planta de tratamiento para la comarca, por la que fue detenido en 2010 el entonces presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. O el amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante a favor del empresario Enrique Ortiz, por el que están investigados otros dos exalcaldes populares, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Todos han visto sus carreras políticas finiquitadas a pesar de que no hay condena judicial que les culpe y, al invalidarse los pinchazos telefónicos que les pusieron en el ojo del huracán en la pieza origen de su calvario, podrían quedar definitivamente exculpados. Socialmente, ya no.
No obstante, en el caso del PGOU alicantino, el empresario Ortiz se ha curado en salud y no ha querido correr riesgos en el juicio, por lo que ya ha alcanzado un acuerdo con Fiscalía y resto de acusaciones –la ejercida por el Ayuntamiento de Alicante y Esquerra Unida–, por la que acepta una pena de dos años de prisión más el pago de una multa de casi 900.000 euros por corrupción de autoridades, tráfico de influencias, así como por cooperador necesario para un delito continuado de prevaricación. Falta por ver ahora si influye la anulación de las escuchas telefónicas.
Los precedentes de otras denuncias contra Fenoll en varios municipios del sur de Alicante también han quedado en archivo y le queda el caso de Calpe, igualmente por contratas para la basura, que debería haber arrancado el pasado 28 de abril en la Audiencia de Alicante, pero por el estado de alarma y problemas de agenda del encausado se ha aplazado hasta enero de 2021.
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