Alicante
Los hermanos Gregori niegan el intento de estafa a una empresa con la venta fraudulenta de 122 camiones
Los acusados se enfrentan en el juicio a una petición del fiscal de cuatro años de cárcel
Los empresarios José Vicente y Rafael Gregori han negado este martes en el juicio que intentaran estafar a la empresa VFS con la venta millonaria supuestamente fraudulenta de 122 camiones entre los años 2007 y 2009. Ambos están acusado de un delito continuado de estafa o alternativamente de apropiación indebida en concurso con falsedad documental, acusación que han declarado falsa.
El fiscal pide para los dos implicados en una de las ramas del caso Brugal cuatro años de prisión y multas de 5.400 euros como responsabilidad civil subsidiaria. De acuerdo con el ministerio público, los empresarios engañaron a VFS para que desembolsara el importe de los camiones respondiendo a un comportamiento falsario ya que a través de la empresa Rent Autisa se crearon contratos de arrendamiento falsos en los que se hacía constar un arrendatario distinto del que existía realmente.
Ambos hermanos han impugnado todos los documentos presentados por el ministerio público, al que se han negado a contestar y, a preguntas de su defensa, han manifestado que la denuncia presentada por la empresa obedece a "una falta de rigor considerable", ya que los únicos socios propietarios eran los padres de los acusados y que Rent Autisa SL se dedicaba, únicamente, al alquiler de vehículos industriales.
A su vez, los hermanos han explicado que el papel que tenía la mercantil era la de estudiar los riesgos económicos de la operaciones de renting de camiones entre clientes y las empresas de los Gregori. "Rent Autisa fue una empresa que adquiría vehículos de Autisa y de Musiva, con el dinero de VFS, generalmente a través de un pago aplazado y avalado por la propia mercantil dentro de un plan llamado 'Acuerdo Marco' para este tipo de operaciones", ha indicado José Vicente Gregori, quién ha incidido en que su padre era el "único administrador", y por lo tanto, "no eran socios de la empresa arrendataria".
Los acusados, durante su intervención, han relatado que todo comenzó en el contexto de la "crisis" que sufrió el sector del automotor en los años 2008 y 2009, y que debido a una situación "muy mala", negociaron con la empresa VFS un acuerdo denominado "reestructuración de deuda", dado que en aquel momento había que "dar salida a cerca de mil camiones". Por ello, han insistido los acusados, existía la necesidad de "colocar de nuevo los camiones para afrontar los pagos de VFS, dado que muchos clientes no podían hacer frente a los contratos firmados".
«Firmas falsas»
Los acusados han mantenido que pese a tener la voluntad de seguir adelante con VFS, después de pagar 24 millones de euros dentro de dicho plan de pagos, fue la propia empresa la que dejó de cumplir con ellos y la que decidió presentar una querella "con firmas falsas" y han señalado a la empresa por "querer boicotear a Rent Autisa", dado que se acordó que la propiedad de los camiones era de los hermanos.
Pese a que la empresa VFS se ha retirado de la acusación, tras alcanzar un acuerdo con la defensa, el fiscal mantiene que en caso de ser declarados culpables, los dos hermanos deberán indemnizar a esa empresa con un montante de 9 millones de euros "como consecuencia de toda esta actividad falsaria y defraudatoria".
Antes de iniciarse la primera sesión de juicio oral contra los empresarios, el juez ha comunicado a las partes afectadas que había decidido aceptar, en su apartado de cuestiones previas, la petición de las defensas de apartar del proceso a Bankia , entonces Caja Murcia, tal y como se solicitó en la sesión previa del juicio el pasado 25 de octubre.
Respecto al resto de cuestiones previas, el tribunal decidirá durante las próximas sesiones si establece como causa juzgada la venta fraudulenta de tres camiones a una mercantil cuando su propietario, según el fiscal, era VFS.
