Cárceles donde los derechos se compran

El viernes 2 de octubre la familia de Miguel G.F. recibía la noticia. El preso, de 72 años, acababa de morir de cáncer en una cárcel de Perú sin haber cumplido su sueño de ser trasladado a su país. Era el español número 67 fallecido en una prisión extranjera en los últimos cuatro años.

Como él, un total de 1.585 españoles están recluidos en distintas cárceles del mundo, donde muchos internos son objeto a diario de palizas, chantajes y extorsiones que suponen una condena añadida a la ya impuesta. Las deficiencias de los centros penitenciarios, en algunos casos al 559% de su capacidad (como Palmasora, en Bolivia), así como la diferencia de idioma, cultura y condiciones higiénicas hacen que en numerosas ocasiones estos presos dediquen buena parte de sus energías a conseguir su traslado.

De ellos, un 48 por ciento redime sus penas en prisiones de Iberoamérica, un 38 por ciento en países europeos, un 8 por ciento en África (en Marruecos, principalmente) y el resto en otras zonas del mundo, como China, Japón, Tailandia o Emiratos Árabes. Cuatro de cada cinco cumplen condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas, según datos aportados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Enredados en la burocracia

Aunque las oficinas consulares son las encargadas de prestar atención a estos reclusos en su día a día, es al Ministerio de Justicia al que corresponde gestionar estas solicitudes para terminar de cumplir condena en España. Hasta el 30 de septiembre de este año este Departamento había recibido 201 peticiones, y se habían producido 122 traslados (muchos de solicitudes anteriores), de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional.

Son muchos los países con los que España ha llegado a acuerdos que permiten que los nacionales condenados en el extranjero puedan cumplir condena en su país. Actualmente están en vigor 31 acuerdos bilaterales que regulan el traslado de personas condenadas, y España es parte, con más de 60 países, del Convenio firmado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983. A priori basta con el hecho de que el preso español exprese su voluntad de cumplir condena en su país, que éste lo autorice y que el Estado de origen lo apruebe, pero el incumplimiento por parte de algunos gobiernos de sus propias leyes, sumado a las dilaciones en los trámites del traslado o a la «traspapelación» de expedientes en el país del que se quiere salir convierten en muchas ocasiones el desplazamiento en una empresa imposible. En otros casos, advierte la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, es el propio preso el que rechaza acogerse a ese traslado, pues en ocasiones, después de haber cumplido parte de la condena, puede acogerse a beneficios penitenciarios que les permite salir de la cárcel aunque no abandonar el país. Quienes sí quieren hacerlo son los presos que caen en cárceles donde los derechos se compran.

Campos de la droga

Y es que hay prisiones en Iberoamérica donde el hacinamiento ya es lo de menos, y el día a día es una auténtica lucha por la supervivencia. Como la de la Joya, en Panamá, donde los internos tienen el control de puertas para dentro, donde hay que pagar hasta por ir al baño, donde los propios reclusos van armados. En un lugar en el que hay presos que viven sin agua caliente y colgados en hamacas a seis metros de altura, cumplen condena 15 españoles. Otras prisiones, como Urigancho, en Perú, son auténticos campos de la droga.

De Lima vino hace nueve meses a España P. V., detenido en el aeropuerto con 2,5 kilos de droga. Ha pasado los últimos tres años en las cárceles peruanas de Sarita Colonia y Ancon II, de las más peligrosas del mundo, en las que capos y transexuales comparten lecho y en las que no hay día en el que no muera alguien en una pelea hasta por un plato de arroz. El que hace apenas un lustro era chef ejecutivo de una compañía italiana de cruceros recuerda aquellos meses como una pesadilla, tanto para él como para su familia. Enganchado (entonces) al crack y preso en un habitáculo de tres metros de largo por dos de ancho junto con otros 32 internos, presenció la muerte de siete españoles, unos por tuberculosis, otros por palizas, otros por quemarse a lo bonzo. «Poco antes de llegar aquí un hombre murió sentado en la cama llamando a un médico. Nadie pasó por su celda hasta pasada una hora».

Él mismo fue víctima de las mafias del penal, cuando entre cuatro presos le torturaron metiéndole la cabeza en un cubo de agua hasta que acabó llamando a su casa para pedir dinero.

P. V. ha sido el primer español que se ha beneficiado de una ley que, con dos tercios de la condena cumplida y saldada la responsabilidad civil, permite que el reo quede en libertad, pero le ha costado 50.000 euros en tres años. «Hay un auténtico negocio montado para que los españoles nos quedemos allí.El español es dinero y el chantaje lo sufren también nuestras familias».

Embudo en Perú

De hecho en Perú hay un auténtico embudo: es el país que cuenta con el mayor número de presos españoles (167) y expedientes sin resolver desde 2011. De acuerdo con la información de la Secretaría de Estado de Justicia, desde comienzos de 2012 hasta el 4 de diciembre de 2014 solo se hizo efectivo el traslado de un ciudadano español para cumplir condena en España. En abril de ese año había 131 peticiones de traslado, de las cuales 116 ni siquiera habían sido remitidas al Ministerio de Justicia.

La subdirectora de Cooperación Jurídica Internacional, Paula Monge Royo, asegura que su departamento es consciente de las durísimas condiciones en las que se encuentran muchos presos y sus familias. La atención a esas solicitudes de traslado son prioritarias, dice, pero hay veces que no se puede hacer nada, porque ese traslado solo está previsto en los casos en los que ya hay condena firme, y muchas veces la situación que denuncia la familia del preso en cuestión se produce cuando el interno es todavía preventivo, es decir, cuando está esperando el juicio, lo que puede demorarse hasta tres años.

Ayudas en especie para evitar extersiones

Exteriores destina 600.000 euros a la atención a presos españoles en el extranjero. En determinados casos el recluso puede recibir una ayuda de la embajada o consulado de un máximo de 120 euros para comprar alimentos en prisión, pero en las cárceles más peligrosas se traduce en ayudas en especie para evitar el hostigamiento y la extorsión de otros internos.

Es una realidad que las condiciones en las que los extranjeros se encuentran en cárceles españolas distan mucho de las de los españoles condenados fuera de nuestras fronteras. En España un preso tiene derecho a trabajar en el penal y cobrar por ello; también tiene derecho a recibir una prestación de 426 euros durante 18 meses, una cantidad que muchos expresidarios extranjeros reciben cuando ya están en su país.