Un juez francés a ETA: «Si abogan por el fin de la lucha armada, ¿a qué esperan para entregar las armas?»

El presidente del Tribunal Correccional de París, Denis Couhé, le ha reprochado a ETA la incongruencia de su discurso: «si abogan por el fin de la lucha armada, ¿a qué esperan para entregar las armas?».

El comentario surgió a raíz de las declaraciones de Lariz Bustinduy, de 42 y nacido en Markina (Bizkaia), condenado por este tribunal a cinco años y tres meses de cárcel al considerarlo a él y a Urtzi Etxeberria, condenado a seis años, miembros del aparato logístico militar de la organización terrorista cuando fueron detenidos en la región de Borgoña en enero de 2013.

En una breve declaración hecha en nombre de los dos acusados, Lariz ha señalado que son «militantes de ETA y orgullosos de serlo», y que se habían integrado en la organización por «la falta de democracia» y «los ataques» contra el pueblo vasco.

Ha asegurado que apoyan «total e incondicionalmente la nueva estrategia» de la banda, que «el tiempo de la lucha armada está terminado» y, tras denunciar «la violencia del Estado francés» contra los «militantes» de ETA y contra el pueblo vasco, ha pedido la liberación de todos los encarcelados «en un plazo razonable».

Coche robado

El Tribunal Correccional de París ha considerado a Etxeberría Aierdi, de 36 años y natural de San Sebastián, y a Bustinduy culpables de todos los cargos de los que habían sido acusados, y ha dictado contra ellos la expulsión definitiva de Francia al término del cumplimiento de sus penas.

El tribunal ha impuesto además a Etxeberría 6.000 euros para indemnizar a la propietaria de un coche robado, que se personó en la causa como acusación particular y cuyo vehículo apareció destruido.

La pena de Lariz se desglosa en cinco años de prisión por todos los hechos vinculados con su actividad terrorista y tres meses suplementarios por haberse negado durante varias semanas tras su captura a ser sometido a pruebas genéticas para verificar su identidad.

La fiscal, Marielle Garrigos, ha destacado que los dos han admitido ser «miembros de ETA», como lo han vuelto a reconocer este viernes en la vista. Cuando fueron arrestados cerca de la ciudad de Nevers el 11 de enero de 2013 dijeron que «estaban implicados en el aparato logístico-militar».

Actividad armada

Según las conclusiones de Garrigos, Etxeberría pasó a la clandestinidad en marzo de 2011, aunque ha recordado que hay pruebas de su presencia en Francia junto a otros etarras desde 2009. Ha hecho hincapié en que su ADN estaba en un zulo en el municipio de Brissac (en el departamento de Hérault, al sur de Francia), descubierto en diciembre de 2012, y en el que se encontraron proyectiles, así como material explosivo y electrónico para la confección de artefactos.

Ese zulo se había creado en mayo de 2011, es decir meses después de que ETA hubiera declarado un alto el fuego unilateral, según ha subrayado la fiscal, y a otros pocos meses de que en octubre de ese año declarara el fin definitivo de su actividad armada.

En cuanto a Lariz, ha dicho que pasó a la clandestinidad en diciembre de 2010 y ha comentado que hay pruebas de que desde el año siguiente se formó con otros miembros de la banda en el manejo de armas y de explosivos.

A partir de esos elementos, la representante del Ministerio Público ha afirmado que los dos encausados tuvieron una acción clandestina «a contracorriente de las posiciones oficiales» de ETA.

«Prudencia»

Por ello ha opinado que hay que tomar con «prudencia» los anuncios de tregua de ETA porque a su juicio «la organización se reserva la posibilidad (...) de volver a ser operativa» a la vista de que no ha depuesto las armas, de que en mayo se le requisó «un verdadero arsenal» en una casa de Biarritz, y de que en julio fueron detenidos en Francia dos de sus activistas, de nuevo armados.

Etxeberría y Lariz al ser arrestados también iban armados y en el coche robado que utilizaban, además de abundante documentación falsificada, se les requisó munición y documentación en múltiples soportes informáticos, así como más de 2.300 euros en efectivo.

Durante la fase de instrucción se les vinculó con otras células de la organización terrorista y como con pisos francos utilizados por miembros de la banda en 2012, en Grenoble, en Bourges y en el departamento de Lot.