Los jueces recusados del tribunal que juzgará Gürtel: Enrique López y Concepción Espejel
Los jueces recusados del tribunal que juzgará Gürtel: Enrique López y Concepción Espejel - abc
caso Gürtel

La APM advierte de recusaciones que pretenden tribunales «a la carta»

Dice que cuestionar la imparcialidad de un juez por haber sido vocal del CGPJ «resulta insostenible en cualquier democracia»

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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la primera en número de asociaciados, ha salido en defensa de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, recusados por formar parte del tribunal que juzgará el caso Gürtel.

En un comunicado, la APM recuerda que los dos jueces, recusados por su supuesta relación con el Partido Popular, fueron vocales del CGPJ a propuesta de esta asociación y cumplieron la previsión constitucional que exige que doce de los veinte vocales del CGPJ sean necesariamente jueces o magistrados. Su designación por las Cortes respondió, por tanto, al proceso de nombramiento impuesto en la Constitución y fijado en la Ley Orgánica del Poder Judicial desde el año 1985, dice.

La asociación recuerda que la votación del Parlamento (con votos a favor o votos en contra), «no introduce una afinidad o animosidad con las partes que entrañe la pérdida de imparcialidad para ningún magistrado.

Ni supone la pérdida de imparcialidad para el enjuiciamiento de un proceso, ni lo hace tampoco para resolver cualquiera de sus incidentes, sino que es la consecuencia asumida del sistema de designación democráticamente establecido», sostiene.

El riesgo de tribunales «a la carta»

En este sentido, la APM subraya que «tachar la credibilidad profesional de jueces y magistrados por aspirar a un nombramiento de esta naturaleza resulta insostenible en cualquiera de las democracias desarrolladas de nuestro entorno» e introduce el riesgo de renunciar al juez predeterminado por la ley, para favorecer Tribunales «a la carta», surgidos de la exclusión de magistrados –e introducción de sustitutos- en función del perfil de unos u otros.

El control público –facilitado por los medios de comunicación- y el sistema de recursos legalmente establecido es el que, según recuerda la asociación judicial, permite «evaluar el compromiso que tiene cada magistrado para cumplir su función con imparcialidad, objetividad y estricta sujeción al derecho».

Por último, y con independencia de la decisión que tomen los órganos superiores sobre estas recusaciones, la APM recalca que ambos magistrados «cuentan con un historial profesional meritorio e intachable en su rigor judicial, sin que su análisis jurídico haya sido jamás desvirtuado por carecer de una argumentación legal, técnicamente irreprochable e intelectualmente íntegra».

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