El juez Velasco divide el caso Púnica en doce piezas para acelerar la investigación

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dividido en doce piezas separadas la investigación de la Operación Púnica para dar lugar a una tramitación más rápida y ordenada y permitir que lleguen a juicio sin tardanza aquellas partes de la causa cuya instrucción ya haya finalizado. Algunas de estas piezas, como la que versa sobre una supuesta revelación de la investigación oficial por un agente policial a los cabecillas de la trama Francisco Granados y David Marjaliza o la relativa a las irregularidades cometidas en la Diputación de León, cuyo expresidente fue imputado, están a punto de ser cerradas.

Esta causa, que trata de atar los cabos de una trama de corrupción local y regional que se adjudicó contratos irregulares por más de 100 millones de euros, afecta ya a más de 100 imputados, muchos de ellos sin ninguna relación entre sí, «en una causa que ya alcanza los más de 50.000 folios, inmanejables, en más de 65 tomos».

La investigación, que se destapó gracias a a una querella de la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2014, ha ido desvelando nuevas ramas sobre «tramas delictivas no siempre sobre hechos semejantes o involucrando a las mismas personas». Los cabecillas de la red corrupta, el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y su amigo de la infancia, el empresario Marjaliza, continúan en prisión preventiva desde que entraron el 31 de octubre del año pasado.

El juez que instruye el caso asegura que «mantener en este momento procesal en una misma causa tramas tan diversas condena a dilatar» en el tiempo los plazos de enjuiciamiento de implicados muy diversos, «sin relación entre sí», que irán avanzando según diligencias «complicadas» que podrían «lastimar involuntariamente» los derechos de algunos implicados, como la presunción de inocencia o a la no dilación indebida. Las piezas formadas se dividen por materias, según las administraciones o empresas en las que se desarrollo la tela de araña corrupta, que afecta a varias regiones de España y a negocios como la eficiencia energética o la organización de eventos.

Así, las piezas separadas son: hechos referentes a la revelación de la investigación oficial a los señores Marjaliza y Granados; hechos referentes a la Diputación de León; hechos referentes a la Comunidad de Murcia; hechos referentes a la actuación en torno al Ayuntamiento de Valdemoro; hechos referentes a otra presunta contratación pública ilegal en el ámbito local; hechos referentes a Cofely; hechos referentes a Waiter Music; hechos referentes al señor Granados y colaboradores; hechos referentes a la ttrama internacional de presuntos blanqueos de capitales; hechos referentes a Eico, Madiva, señores De Pedro y Alonso Conesa, reputación online en otras diversas Administraciones públicas y empresas; hechos referentes a Alfedel y otros hechos, en la que se incluirán todo lo que vaya surgiendo.

El magistrado reconoce que todas las piezas tienen en común, eso sí, que «ciertos conseguidores que van expandiendo influencias» por diversos ámbitos públicos en un desarrollo que termina por afectar a diversos órganos de contratación e incluso a diferentes formaciones políticas y en épocas diversas en el tiempo. Por esta investigación, están imputados, además de Granados y Marjaliza, diversos exalcaldes de localidades madrileñas, tanto del PP como del PSOE, los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Lucía Figar y Salvador Victoria y empresarios como Alejandro De Pedro.