Ciudadanos plantea un «Big Bang» institucional contra la corrupción

Ciudadanos presentó ayer en Barcelona la quinta y última parte de su programa económico y social, centrado en esta ocasión en la lucha contra la corrupción y las reformas en los órganos reguladores. ABC ya desveló la semana pasada algunas de estas propuestas, que tienen como elemento más innovador otorgar incentivos económicos y profesionales a las personas que denuncien la corrupción.

Su propuesta se basa en una gran reforma que alcance a multitud de organismos, lo que llaman un Big Bang institucional, desde la premisa que la corrupción no se debe a que «España tenga un problema cultural irremediable». Ciudadanos cree que el germen del problema está en «la captura y patrimonialización de las Administraciones por los políticos y sus clientes es la raíz última del deterioro institucional».

Algo que está relacionado, a su juicio, con las formas del PP y el PSOE. «Las nuevas formas de caciquismo y clientelismo son consustanciales a la forma de hacer política de los viejos partidos», reza el documento presentado por la formación.

El primer eje de medidas se centran en buscar un cambio en la cultura política, administrativa y ciudadana. La primera medida es la ya avanzada de proteger a los denunciantes que estén dispuestos a ayudar a destapar casos de corrupción. Dentro de este apartado la primera propuesta plantea la creación de unidades independientes de investigación y represión de la corrupción a la que los ciudadanos y empleados públicos puedan denunciar anónimamente las irregularidades. Si la denuncia resulta verosímil serían estas unidades independientes las que asuman directamente la posición del denunciante en la vía administrativa o judicial sin necesidad de que el ciudadanos lo haga si no lo desea.

La segunda pata de este punto plantea establecer incentivos positivos para la persona que ha denunciado la corrupción una vez que se compruebe la existencia de la infracción o delito denunciado. Se trataría de gratificaciones que podrían consistir en recibir parte de las cantidades recuperadas o el reconocimiento de méritos para la promoción profesional.

También se plantea tipificar expresamente como delito las conductas de acoso o mobing que se cometan sobre la persona que ha denunciado la corrupción. En Suecia, por ejemplo, es delito incluso el hecho de intentar descubrir quién ha desvelado un caso de corrupción. Además el gestor público denunciado no podrá utilizar fondos públicos para emprender acciones legales contra el denunciante.

Reformas en los partidos

En este apartado Ciudadanos pone negro sobre blanco alguna de las premisas que ya ha venido defendiendo en los últimos meses. Así, las personas que hayan sido imputadas judicialmente por delitos de corrupción no podrán presentarse en listas electorales ni ocupar cargos públicos mientras dure esa situación procesal. Y en el caso de los cargos de libre designación, se considerará la imputación formal como causa de cese inmediato. También se contempla la supresión la modificación de los aforamientos y limitar la ley del indulto para que solo se pueda indultar en causas excepcionales y nunca relacionadas con la corrupción política.

Todo este paquete de medidas ha sido coordinado por Luis Garicano, aunque esta parte concreta del programa ha sido desarrollada por Elisa de la Nuez, Abogada del Estado, que participa también en el grupo de expertos que ha creado el partido para plantear una propuestas de reformas democráticas y constitucionales.

En el segundo eje de las propuestas se plantean las reformas institucionales. Un apartado en el que se desarrolla la exigencia de que todos los partidos tengan que elegir a sus candidatos mediante un sistema de elecciones primarias y que los Congresos de las formaciones tengan fecha fija de celebración.

Dentro de este apartado, los partidos estarán obligados a someterse a auditorías externas y a adaptar sus normas de contabilidad a las que se exigen a las entidades sin ánimo de lucro. Además, las cuentas de los partidos políticos tendrán que ser aprobadas por los órganos de dirección y no solo por los tesoreros. Y se establecerían restricciones en el gasto electoral. También se someterá a los mismos controles que los partidos las donaciones a las fundaciones de los partidos políticos.

La candidata a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, que ayer participó en la presentación, definió todas estas medidas como las modificaciones legales que consiguen que «el que tenga la moral despistada no pueda robar».

El documento también plantea cuestiones como reducir de 500.000 a 100.000 el número de firmas necesarias para tramitar una Iniciativa Legislativa Popular, regular las lobbies pero garantizando el derecho de empresas y sociedad civil a acceder a sus representantes o una reforma del régimen electoral.

Reforma de la Administración

Las propuestas también van encaminadas a reducir «la discrecionalidad de los poderes públicos en la promoción y cese de los funcionarios públicos». Para ello se propone eliminar los puestos de libre designación hasta el nivel 30 de la Administración, de subdirector general en adelante.

La idea es presentar un bloque muy amplio de medidas, lo que Garicano definía hace unos días a ABC como un Big Bang institucional. Una idea recuperada del ejemplo de Suecia, que a finales del siglo XIX era un país con altas tasas de corrupción y hundido en la depresesión económica. Es la teoría económica de que las reformas deben ser profundas, rápidas y contínuas en el tiempo. «No vale con cambiar una ley aquí o allá. Necesitamos un giro profundo».

Ciudadanos reconoce en su propuesta que la ley aprobada en 2013 sobre la sostenibilidad y la racionalidad en el sector público local va en la dirección correcta. Pero estiman que siguen persistiendo en este nivel graves problemas de clientelismo y corrupción.

Para hacer frente a este problema plantean que los interventores, secretarios y tesoreros de los ayuntamientos pertenezcan a la función pública, se les dote de competencias y dependan jerárquicamente de la dirección general de interventores y no del alcalde. Estos puestos de trabajo deberán cubrirse mediante concurso de carácter nacional, eliminando la libre designación. La propuesta plantea igualmente que sus retribuciones y condiciones de trabajo no podrán depender de las decisiones discrecionales de los gobiernos municipales.

En lo relativo a la contratación pública destacan dos medidas. La primera es limitar los supuestos de posibles contratos por adjudicación directa y sin publicidad a los contratos de obra inferiores a 18.000 euros y en otro tipo de contratos a los 4.000 euros. Y por otro lado se pretende que las mesas de contratación tengan una composición exclusívamente técnica, evitando la presencia de cargos electos y políticos.

Contra el capitalismo de amiguetes

Ciudadanos parte de la premisa de que el capitalismo español se rige por la «ley del embudo» que favorece a las empresas bien conectadas, mientras que los emprendedores tienen un camino «lleno de espinas».

«Hay que evitar que una economía de mercado degenere en "capitalismo de amiguetes"», reza el documento. Y a su juicio, en el caso de España, la solución pasa por cuatro grandes reformas:

1. Profesionalizar y despolitizar los órganos de gobierno de todas las Autoridades Administrativas independientes

2. Empezar de nuevo el diseño de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) porque no ha cumplido su funión.

3. Respecto a la supervisión de los mercados financieros plantea que la CNMV supervise también los servicios bancarios y de seguros, para evitar que se repitan casos como el de las participaciones preferentes.

4. Incorporar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal una unidad que evalúe la eficacia y el coste de las políticas y programas de gasto público.