La Fiscalía se querella contra el periodista Jesús Cacho por cuestionar a jueces

La Fiscalía ha presentado una querella contra el director del diario digital «Voxpópuli», Jesús Cacho, por un artículo en el que denunciaba «sospechas de corrupción judicial» en la Audiencia Provincial de Albacete. Lo hacía a propósito de los pleitos que enfrentan a la familia Gutiérrez-Maturana por el control de su fortuna.

Cacho cuestionaba que durante dos décadas esté ganando los pleitos familiares siempre la misma parte, lo que ha llevado al Ministerio Público a emprender acciones legales contra él. Se da la circunstancia de que la citación del periodista en los juzgados con motivo de esta querella, el próximo lunes, coincide en el tiempo con el debate que hace apenas dos semanas abrió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre los límites a la libertad de expresión de los medios de comunicación.

Tras la publicación del artículo, el pasado septiembre, el magistrado de la Audiencia de Albacete Juan Manuel Sánchez Purificación presentó una denuncia contra Cacho, por la que tuvo que prestar declaración en los juzgados de Albacete el 17 de marzo.

Pero al margen de la iniciativa del juez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha cursó escrito al fiscal superior de esa comunidad -que a su vez se inhibió en la Fiscalía Provincial de Madrid- instando la adopción de medidas penales contra el autor del artículo por parte del Ministerio Público. Esto se tradujo en la querella contra el periodista que firma de su puño y letra el fiscal-jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, y por la que tendrá que prestar declaración el lunes.

«Inaudito» en la UE

Cacho denunciaba ayer en el editorial del diario digital que el hecho de que la Fiscalía se querelle contra un medio de comunicación «por criticar los vicios y anomalías existentes en el funcionamiento de nuestra administración de Justicia resultaría inaudito en cualquier país miembro de la Unión Europea con quienes tan a menudo nos comparamos». A su juicio, «viene a ser la prueba del nueve del estado de postración de la Justicia y del grave momento por el que atraviesan algunas libertades públicas en España, tal que la libertad de transmitir información». Para el periodista «no es casualidad» que Catalá se mostrara partidario hace unos días de imponer sanciones a los medios que publiquen informaciones referidas a sumarios judiciales en curso. «Esa casualidad demuestra que realmente las libertades informativas, piedra angular sobre la que descansa cualquier democracia que se precie, incluso en esta pobre democracia enferma nuestra, están en serio peligro», sostenía ayer.

El periodista denuncia la línea argumental que utilizó en la declaración de Cacho en Albacete el juez Purificación, al negar, dice Cacho, «la existencia de ese derecho recogido en nuestra Constitución que tiene cualquier periodista en el ejercicio de sus labores informativas a mantener el secreto de sus fuentes». Asegura, además, que el juez Purificación llegó a preguntarle si había recibido dinero por escribir el artículo en cuestión e incluso a reclamar los movimientos de la cuenta bancaria de Cacho para comprobar si efectivamente figuraba en ella algún tipo de ingreso recibido como contraprestación por la publicación del artículo. «Que la Fiscalía se querelle contra un medio por criticar los vicios de nuestra Administración de Justicia resultaría inaudito en cualquier país miembro de la UE», señala.

Ataque a la libertad de prensa

Como ya informó ABC, la propuesta del ministro Catalá de poner límites a la libertad de expresión -inmediatamente contestada por el Gobierno, para negarlo- fue duramente contestada por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que consideran este debabe un «ataque inadmisible» a la libertad de prensa. El artículo 20 de la Constitución consagra el derecho a la información, que debe estar, dijo entonces AEDE, «por encima de intereses particulares o de Gobierno».

Desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), su presidenta, Elsa González, dejó claro que siempre debe primar el derecho a recibir una información veraz. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), por su parte, considera que no «no puede limitarse el derecho constitucional a la información veraz y de interés público, sea cual sea la misma».

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