El caso Rato enfría las relaciones entre la Agencia Tributaria y la Fiscalía

El caso Rato, además de las implicaciones políticas evidentes, ha puesto sobre el tapete tensiones entre los distintos organismos implicados. Las ha habido en el seno del Ministerio Público, con la decisión de la Fiscalía de Madrid de ordenar la entrada y registro en el domicilio y el despacho profesional del ex vicepresidente del Gobierno sin informar a la Fiscalía Anticorrupción, que conocía que había una investigación y que consideró hace un par de meses que el caso no estaba maduro; también entre los dos fiscales que pidieron al juez de Guardia que se practicara esa diligencia y sus superiores, a los que no informaron de la detención; y finalmente también ha contribuido a enfriar las relaciones entre Anticorrupción y la Agencia Tributaria, que son clave para poder sacar adelante la mayoría de asuntos en los que trabaja la primera.

Las fuentes consultadas por ABC muestran especialmente su preocupación por el posible deterioro de las relaciones con la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) cuyas dos máximas responsables, Mar García Valdecasas y Ángela Carrasco, pudieron sentirse decepcionadas por el hecho de que en la primera reunión con Anticorrupción se les dijera que el asunto estaba «poco maduro» y que era conveniente seguir recabando datos antes de abrir diligencias de investigación.

No obstante, aunque no es frecuente lo cierto es que situaciones así ya se han producido en otras ocasiones y eso no ha derivado en una disminución de la colaboración entre ambos organismos. «Tampoco sería lógico que una simple discrepancia de criterio hiciera que alguna de las dos partes tomara decisiones al margen de la otra», sostienen todas las fuentes consultadas. Es más, coinciden en que «las relaciones entre Anticorrupción y la ONIF son excelentes, y la sintonía entre Mar García Valdecasas y los fiscales con los que trabaja total, aunque puntualmente puedan existir puntos de vista diferentes sobre un determinado asunto».

Destrucción de pruebas

El problema surgió cuando trascendió que la Agencia Tributaria había dejado de lado a Anticorrupción y dirigido a dos fiscales de Madrid especializados en delitos económicos, Rodrigo de Francia y Carlos García Berro, para informarles de la investigación que estaba en marcha y pedirles que solicitaran al juez de guardia una entrada y registro en la casa de Rato. La razón de esas urgencias era que la ONIF pensaba que existía el peligro evidente de una destrucción de pruebas tras una filtración periodística con datos de las pesquisas.

En este punto las fuentes consultadas coinciden en que la decisión de apartar a Anticorrupción no habría partido de la ONIF –no tendría sentido porque esas mismas razones de urgencia se podían haber expuesto a la Fiscalía que dirige Antonio Salinas, que conocía en qué fase estaban las pesquisas–, sino de la cúpula de la Agencia Tributaria.

Es esta sospecha la que podría enfriar la relación entre el departamento que dirige Santiago Menéndez y Anticorrupción, que en cualquier caso no pasan por su mejor momento. Ello se debe a que hay vacantes para sus expertos en la Unidad de Apoyo que no han sido cubiertas todavía, a pesar del enorme volumen de trabajo que soporta la misma.

En cualquier caso, a ninguno de los dos organismos le interesa tensar demasiado la cuerda, aunque la Agencia Tributaria está molesta porque cree que desde Anticorrupción se ha trasladado una imagen de que la investigación de Rato estaba aún en pañales y que por tanto una medida como las entradas y registros –mucho más la detención–, era una sobreactuación innecesaria.

Olvidar este episodio

Sea como fuere, tanto en Anticorrupción como en la Agencia Tributaria –muy especialmente en la ONIF– existe la determinación de olvidar cuanto antes este episodio y continuar con las buenas relaciones que siempre han existido entre ambos organismos. Hay, por supuesto, algunas conversaciones pendientes sobre todo lo ocurrido pero en cualquier caso también confianza en que muy pronto se pueda superar este enfriamiento temporal.

Donde el malestar es evidente es en la cúpula de la Fiscalía de Madrid, cuyos responsables no alcanzan a entender por qué los dos fiscales que actuaron no les comunicaron que el juez de guardia, Enrique de la Hoz, había acordado la detención, de acuerdo con su criterio, según quedó reflejado en el escrito del magistrado. Algunas fuentes señalan que los dos fiscales no pidieron por escrito el arresto de Rato, pero que mostraron su conformidad a que se llevara a cabo cuando De la Hoz planteó esa posibilidad.