Así se desmarca el Gobierno de Rato

La reacción del Gobierno cuando estalló el caso Rato y se supo que estaba siendo investigado por posible blanqueo de capitales fue tajante: debía ser una oportunidad para mostrar contundencia en contra de la corrupción, pero también para dejar claro que la ley es igual para todos, con independencia de colores políticos, nombres y apellidos. Nada de rehuir el debate, mirar para otro lado o evitar hacer declaraciones. Al revés, Moncloa dio órdenes para que se contestara de frente incluso con orgullo por la lucha contra el fraude que se ha acentuado en los últimos años, según fuentes próximas a Presidencia consultadas por ABC.

Se trataba de convertir una «desgracia» en una «oportunidad». Las primeras horas después de estallar el escándalo, el Gobierno reaccionó entre encogido y acobardado por lo que se le venía encima.

De hecho, el miércoles solo se escucharon en el debate parlamentario los ataques feroces del PSOE. El Gobierno, calló en la tribuna. Las cosas empezaron a cambiar el jueves y el viernes, con reuniones al más alto nivel en La Moncloa. Había que dar la cara y sacar pecho porque, al fin y al cabo, la opinión pública estaba comprobando que nadie es impune ante la ley, y que el Gobierno impulsa la lucha contra el fraude, sea quien sea el presunto defraudador, según explicaron las mismas fuentes.

Lo primero que se planteó el Gobierno fue desmarcarse por completo de Rodrigo Rato: nada de salir en su defensa, ni siquiera por su presunción de inocencia, que por supuesto se respeta. Los mensajes fueron de decepción, dejando claro que Rato estaba desvinculado del partido desde hacía años. Rajoy lo dejó claro este sábado en Murcia, cuando puso toda la distancia posible con quien fue el vicepresidente del Gobierno en tiempos de Aznar.

Los mensajes debían ser contundentes: «Todo el mundo tiene que cumplir la ley. Quien no lo haga tendrá enfrente el rechazo del PP y la determinación del Gobierno, que es implacable en el cumplimiento de las normas, y por eso ha dotado a policías, jueces y agencia tributaria de poderosos instrumentos legales», señalan en Moncloa.

«Cuando surge un caso de corrupción o de incumplimiento de obligaciones por parte de alguien notorio, la misma vergüenza que siente la opinión pública la sentimos, puede que incrementada, quienes nos dedicamos a la política. Sentimos que nos defraudan como ciudadanos y que dañan nuestra imagen como personas que trabajamos en asuntos públicos», añaden.

En el Gobierno explican que en el PP sienten «una profunda decepción por los hechos que se están conociendo». «Pero tenemos la convicción de que el mejor servicio que le podemos hacer, al partido y a España, es perseguir su esclarecimiento y, si es necesario, su castigo».

La tercera parte de la estrategia del Gobierno pasa por subrayar los resultados de la lucha contra el fraude, que considera positivos. Así, Rajoy ya explicó este sábado en Murcia que la Agencia Tributaria ha aflorado más de 100.000 millones de euros esta legislatura que antes eran «bases imponibles desconocidas» para Hacienda y por lo tanto no pagaban impuestos.