Los aforados de los ERE ponen el ventilador para eludir el fraude

El desconocimiento constituye el ingrediente principal del relato que se han construido los máximos responsables del Ejecutivo andaluz para desvincularse del expolio de 855 millones de euros a través de los ERE falsos. Como Sócrates, el filósofo ateniense condenado a morir bebiendo cicuta, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera sólo saben que no sabían nada.

En sus recientes declaraciones como imputados ante el Tribunal Supremo, argumentan que durante doce años en la Junta nadie supo nada y dibujan un escenario en el que los departamentos de la Administración funcionaban como compartimentos estancos cuyo único nexo es que todos se nutrían de los presupuestos año tras año.

Gestiones con los ERE

Los cuatro aforados -falta la exconsejera Mar Moreno, que declarará este martes- utilizaron la estrategia del ventilador para defenderse. Chaves y Griñán apuntaron hacia el interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, Manuel Gómez, quien había alertado hasta en quince momentos de que el mecanismo de pago (las transferencias de financiación) de las ayudas era irregular. Ninguno de los dos vio ni leyó los informes.

Distintas auditorías realizadas desde 2001 a 2009 sobre las cuentas de la agencia IDEA (la «caja» pagadora de los fondos) sostenían que las ayudas para financiar los ERE presentaban «incumplimientos» legales antes de saberse que escondían decenas de intrusos como beneficiarios de prejubilaciones. En su descargo, los exmandatarios socialistas dijeron que los informes no eran lo suficientemente contundentes ni apreciaron un menoscabo de fondos. Entre líneas, su relato contiene acusaciones veladas y medias verdades preñadas de inexactitudes.

Ante el juez, Chaves defendió que sólo conocía las líneas generales de concesión de las ayudas para empresas en apuros. Él no entraba al detalle de los «criterios concretos» por los que se entregaba cada una y daba por hecho que el procedimiento era «completamente legal». Sin embargo, omitió que él medió en su etapa como presidente para desbloquear un conflicto laboral en A Novo Comlink.

Este fabricante de terminales telefónicos de Málaga accedió a más de 35 millones de euros para sufragar en 2005 las prejubilaciones de 224 trabajadores dos meses después de que representantes de la empresa se reunieran en Sevilla con el entonces presidente andaluz. El convenio que avalaba la concesión de los fondos lo rubricó Francisco Javier Guerrero, que permaneció nueve años como director general de Trabajo (1999-2008). Aunque Guerrero atajó con resolución el problema, Chaves «no lo conocía».

Pero no es la única laguna que muestra su argumentación. Según las pesquisas de la Guardia Civil, el expresidente recibió a finales de 2003 una carta de un grupo de mineros de Huelva en la que le aseguraban que su Gobierno estaba financiando prejubilaciones a personas que «no han visto la mina». Chaves no reparó en este fraude.

Otro asunto que incumbía directamente a Griñán, consejero de Economía y Hacienda desde 2004 hasta 2009, estaba relacionado con la gestión de Guerrero, quien llegó a gastar más de tres veces la cuantía presupuestada en 2004 generando un déficit de hasta 95 millones porque comprometía más fondos de los que disponía en la partida 31L, conocida como «fondo de reptiles». El entonces consejero de Economía lo solventó firmando hasta siete ampliaciones del fondo de los ERE.

«Gran fraude», según Griñán

El actual senador Griñán también focalizó el «gran fraude» -como lo llamó él mismo- en la Consejería de Empleo. Insistió en que los informes de la Intervención General de la Junta nunca llegaron a su mesa a pesar de que él fue uno de los destinatarios de los mismos.

Zarrías, consejero de Presidencia desde 1996 a 2009, se quita de encima la culpa apuntando a su vez a Griñán. Quien fuera mano derecha de Chaves, -ambos son diputados en el Congreso- argumentó el pasado jueves que la tramitación de las citadas transferencias «nacía en la propuesta de la Consejería de Hacienda» y contestó con evasivas a las preguntas del juez acerca de las doce reuniones de los viceconsejeros que él presidía -los llamados «consejillos»- en las que se abordaron acuerdos sobre ayudas y modificaciones del programa 31L.

Por último, el consejero de Empleo entre 2000 y 2004, José Antonio Viera, se sacudió sus responsabilidades en el fraude utilizando su profesión como coartada -alegó que sólo era «un maestro»- y con el pretexto de que había depositado su plena confianza en subordinados como Javier Guerrero, el brazo ejecutor del sistema.