Montoro impone el ajuste ante la revuelta autonómica

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de ayer solo era un trámite para que el Ministerio de Hacienda -en funciones- debatiese las medidas de ajuste a las regiones para su posterior aprobación. Pero el trámite tornó en batalla. Desde las horas previas al encuentro se masticaba la tensión entre los barones regionales y el ministro Cristóbal Montoro. Hacienda se enfrentaba a una rebelión liderada por Cataluña y los gobiernos socialistas -con Andalucía, Valencia y Baleares al frente-. La mayor parte de las regiones -con Galicia, Murcia, Canarias, La Rioja y Madrid al margen- se opusieron a las medidas pedidas por Montoro.

Quizá conociendo la oposición que se iba a encontrar, el ministro de Hacienda anunció unas horas antes un recorte de 2.000 millones en el gasto del Estado mediante un acuerdo de no disponibilidad de créditos equivalente a un ajuste del 3% del presupuesto.

«Aplicamos lo que le vamos a pedir a las comunidades autónomas», resumió Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien admitió que en breve tendrá que convocar otro consejo autonómico -antes del 29 de abril lo fechó la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila- para aprobar las medidas con, previsiblemente, un nuevo objetivo de déficit sobre la mesa.

«Para que haya un mayor margen necesitamos aplicar medidas, no al contrario», valoró Montoro la relajación del déficit desde Bruselas. El Gobierno confía en convencer a la UE para postergar el cumplimiento del objetivo de déficit para este año. De lo contrario, España debería reducir su déficit público del 5% del PIB en el que acabó el año pasado al 2,8%: un ajuste de 22.000 millones. A cambio ofrecerá a Bruselas el recorte de 2.000 millones y los ajustes exigidos a las comunidades.

Mientras la Comisión Europea deshoja la margarita del déficit, Hacienda mantendrá encuentros bilaterales comunidad por comunidad con técnicos para estudiar cómo aplicar las medidas de ajuste sin afectar a partidas sociales después de que las comunidades le manifestasen que no saben cómo reducir el déficit del 1,66% al 0,3% del PIB que fija Hacienda como objetivo para este año.

En estos encuentros se estudiarán cómo aplicar los ajustes que Hacienda remitió por carta a las comunidades para que contengan su gasto. La temida misiva llegó a las regiones incumplidoras que se han acogido al Fondo de Liquidez Autonómico este año. En ellas les exigía que aprobaran un acuerdo de contención del gasto y que detallaran un plan económico y financiero. De lo contrario amenazaba con aumentar la presión mediante sanciones e incluso la intervención.

El Gobierno podría incluir el nuevo objetivo de déficit público para este año negociado con Bruselas en el Programa de Estabilidad que enviará a Bruselas antes de que acabe abril.

Debido a este endurecimiento del tono, desde la entrada del encuentro comenzó a gestarse el levantamiento autonómico. El consejero de Exteriores catalán, Raül Romeva, -que iba en sustitución de su homólogo de Economía, Oriol Junqueras- ya caldeó la reunión negándose de inicio a aplicar contención alguna del gasto y señalando que la Generalitat iba «a escuchar».

La consejera andaluza, María Jesús Montero, denunció que las comunidades aún no han recibido los fondos de liquidez del primer trimestre, de los que dependen para pagar a proveedores. «Casi la totalidad de las regiones se han opuesto al relato de Hacienda», puntualizó. Montero también se quejó de la falta de conciliación del Consejo -convocado un viernes a las 18:00 de la tarde-.

«Esperanza» en las reuniones bilaterales

Desde las regiones se pidió que el Estado asuma un mayor peso en el ajuste del déficit, ya que su objetivo es del 2,2% frente al 0,3% regional. El levantamiento también incluyó a Castilla y León, pese a que tiene un gobierno popular. La vicepresidenta, Rosa Valdeón, señaló que la región «ni puede ni debe recortar» y mostró «esperanza» en las reuniones bilaterales con el ministerio para demostrar que sus presupuestos «ya cumplen».

Sin embargo, Hacienda les recordó que este año dispondrán de entre 7.000 y 10.000 millones extra en recursos de financiación -y ahorro de intereses- que pretende que dediquen a cubrir el déficit. «Lo que propone el Gobierno no es recorte del gasto sino dedicar los nuevos recursos a financiar el gasto exigente», apuntó Montoro en la rueda de prensa posterior. Sin embargo, las regiones ya contaban con este «plus» de recursos y los habían destinado a distintas partidas en sus presupuestos que ahora deberán rehacer.

Precisamente, por el tratamiento de la hepatitis C del año pasado y operaciones puntuales por el déficit oculto encontrado en la Generalitat de otros años, la desviación se disparó otros 3.000 millones el año pasado. Este ejercicio, las regiones no tendrán estas ataduras.

Con el Gobierno en funciones y el objetivo de déficit negociándose, todos los palos se avanzarán en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Está completamente abierto», resumió el ministro. En quince días de abril se decidirá el Programa de Estabilidad, el déficit y se detallará el ajuste regional.