La mitad de los ayuntamientos no rinden cuentas ante el Estado en tiempo y forma
Los consistorios andaluces son, con diferencia, los más incumplidores con el Tribunal de Cuentas
España tiene 8.123 ayuntamientos que manejan anualmente 50.000 millones de euros. Es la administración más cercana al ciudadano, el primer y decisivo escalón del sector público ante particulares y empresas. Su elevado impacto socioeconómico y lo extenso de este entramado administrativo hacen necesario sistematizar los procesos de control de sus ingresos y gastos. Así lo establece la legislación. Y de ese control, de esa fiscalización, se encarga el Tribunal de Cuentas (TCu) . Lo dice la ley, pero el precepto se incumple a lo grande.
La cuenta general refleja, cada año, cómo se han gestionado los fondos públicos de un ayuntamiento. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales obliga a las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades…-a presentar su cuenta general ante el TCu en un plazo tasado. Antes del 15 de octubre de cada año -en alguna autonomía el plazo se extiende hasta el 31 de octubre por normativa regional- toda entidad local debe remitir al TCu su cuenta general del ejercicio inmediatamente anterior. Es decir, la de 2018 debieron presentarla como máximo en octubre de 2019, y la de 2019 deberán rendirla ante el Tribunal de Cuentas en octubre de este 2020 como fecha tope.
Pero, en este particular, entre lo que dice la ley y la realidad hay un abismo. Eso entorpece enormemente la fiscalización estatal de las cuentas de las entidades locales a través del TCu, un control fundamental para comprobar el correcto manejo de los fondos públicos, que no se incurre en ilegalidades económico-contables y, al mismo tiempo, escrutar la eficacia de la gestión de esos fondos. Y si se detectan ilegalidades, activar los procesos judiciales oportunos , incluso penales si fuera el caso.
Pero ese control es tarea imposible -o especialmente dificultosa- con una larga lista de ayuntamientos que no presentan en tiempo y forma sus cuentas ante el TCu. El año pasado, solo el 58% de los ayuntamientos españoles le entregaron en plazo su cuenta general. De todos esos que incumplieron, algunos la han presentado a posteriori, fuera de plazo. Pero otros muchos siguen sin rendir cuentas, y los hay que son reincidentes.
Jaén y Cádiz, reincidentes
No es escasa la cifra de ayuntamientos que le deben al TCu las cuentas de 2016, 2017 y 2018. Tres seguidas. Es el caso del Ayuntamiento de Jaén , toda una capital de provincia. Lo mismo el Ayuntamiento gaditano de El Puerto de Santamaría, una urbe de casi 90.000 habitantes. Cádiz capital también se cuenta entre los incumplidores de calibre: en este momento le debe al TCu sus cuentas de 2017 y 2018, igual que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera , ciudad cuya dimensión sobrepasa la de muchas capitales de provincia con más de 200.000 habitantes.
Que se ponga como ejemplo de incumplimiento a ayuntamientos andaluces no es casual ni caprichoso, sino fruto de una gruesa evidencia certificada por el Tribunal de Cuentas: Andalucía es, con diferencia, la región con más ayuntamientos que no presentan sus contabilidades oficiales en tiempo y forma para ser revisadas por el Estado. El porcentaje es rotundo: apenas el 27% de los ayuntamientos andaluces presentaron en plazo sus cuentas de 2018 ante el TCu. Y, a día de hoy, siguen sin hacerlo más de la mitad de los consistorios de esa región. Más aún: el 18% de los ayuntamientos andaluces aún no han entregado al TCu su cuenta general de 2016 , y el 29% todavía le deben la de 2017.
Tras Andalucía, los consistorios que peor cumplen ante el Tribunal de Cuentas son los de Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria. En el extremo opuesto, los más cumplidores son los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia y Asturias. Eso sí, este ranking autonómico está incompleto, porque en las estadísticas del Tribunal de Cuentas no hay datos del País Vasco y de Navarra. Allí, al calor de su foralidad, fiscalizan y controlan las cuentas de sus entidades locales con medios propios, en detrimento del TCu estatal. Los datos de ayuntamientos vascos y navarros incumplidores no los controla el Tribunal de Cuentas, los custodian la Cámara de Comptos de Navarra y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas .
Capitales y el caso de Seseña
Con esa salvedad navarra y vasca, en el resto de España los casos más llamativos son los de capitales y grandes urbes que no rinden cuentas al TCu. Hasta el pasado miércoles, en sus registros seguían sin constar las cuenta generales de 2018 de los ayuntamientos de Córdoba, Huelva, Jaén, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia, Guadalajara, Lérida, Badajoz y Palma de Mallorca. Lo mismo grandes urbes como las madrileñas de Getafe, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón o Aranjuez, la barcelonesa de Sabadell o la alicantina de Torrevieja.
Otros botones de muestra: Seseña y los ayuntamientos de la Costa del Sol. Seseña (Toledo) , nombre propio de los tiempos del pelotazo urbanístico y de la política bajo sospecha, le debe al TCu sus cuentas de 2016, 2017 y 2018, así que no hay forma de examinarlas, de fiscalizarlas. Y la Costa del Sol conforma un auténtico «ecosistema» de ayuntamientos incumplidores ante el Tribunal de Cuentas: Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Vélez-Málaga, Mijas y Torremolinos están en la lista roja del TCU. Hasta el pasado miércoles, los tres primeros aún no le habían presentado las cuentas de 2018; y los tres segundos no solo le deben las de 2018, sino también las de 2016 y 2017.
Infracción poco perseguida
La enorme lista de ayuntamientos incumplidores con el TCu evidencia las escasas consecuencias prácticas que tiene saltarse la ley en este aspecto. Solo eso permite comprender que tantos la incumplan y con tanta reincidencia.
El economista, exconsejero del Tribunal de Cuentas y actual consejero emérito, Juan Velarde , subraya que es preciso cambiar esta dinámica. De una parte, siendo rigurosos en la exigencia del cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas, con consecuencias legales para los que se las salten, con sanciones efectivas para los cargos políticos o funcionarios directamente responsables. De otro lado, haciendo más severos y rigurosos los controles de fiscalización del TCu , «que es la línea en la que están incidiendo precisamente las instancias europeas, que se profundice en las consecuencias sociopolíticas y económicas de la gestión de las administraciones».
«Ya no basta solo con un análisis crítico de las cuentas sino que hay que identificar y destapar dónde están los incumplidores, qué consecuencias tienen sus acciones para los ciudadanos y para el conjunto del sector público», subraya Juan Velarde.
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