Iberdrola carga sobre el juez del caso Villarejo la pérdida de un negocio de 8.000 millones en EE.UU.
Denuncia que se han «traspasado todas las líneas» en su caso con un funcionamiento «abiertamente anormal» de la Justicia
La defensa de Iberdrola ha presentado un escrito ante el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, en el que atribuye «al devenir» de su investigación la responsabilidad de que la compañía haya perdido un negocio de 8.000 millones de dólares en EEUU , donde, según expone, se ha frustrado una importante adquisición por el desgaste reputacional al que la Audiencia Nacional les está sometiendo.
El escrito, al que tuvo acceso ABC, reclama al juez que adopte las diligencias que le encomendó la Sala de lo Penal cuando el pasado 12 de noviembre restituyó a Iberdrola como parte perjudicada en la causa , imputó al hasta ahora principal testigo de cargo, el exdirectivo José Antonio del Olmo, y ordenó que se investigara si la documentación que él ha aportado es o no falsa.
La compañía incide en que «a pesar de la claridad del mandato de la Sala de lo Penal (...) el Magistrado Instructor no ha dictado ninguna diligencia de investigación de las solicitadas » ni por la propia Iberdrola para esclarecer la veracidad de esa documentación ni tampoco «conducentes a dar cumplimiento» a esa resolución del 12 de noviembre.
Para la eléctrica, que se querelló por falsedad contra Del Olmo, no se ha profundizado lo suficiente en el análisis de esa documentación sin la cual, aseguran, «no existe fuente de prueba alguna que apunte de un modo material contra los directivos de Iberdrola». Critican que tanto los fiscales como el juez «han optado por relegar cualquier investigación al respecto e insistir, contradictoriamente, en tomar declaración a aquellos investigados cuya imputación parte precisa y únicamente del documento pendiente de investigar, como es el caso de Don Ignacio Sánchez Galán, presidente de la Compañía ».
Entienden que haberle citado a declarar, como a otros altos ejecutivos, el próximo mes de enero, «no obsta a que se practiquen diligencias» para esclarecer la veracidad de esa documentación, entre otras cosas para «impedir que se produzcan dichas declaraciones sobre la base solamente de indicios que no han sido obtenidos mediante violación de algunos derechos fundamentales ».
«Se están traspasando todas las líneas»
«Un actuar como el anterior pone de manifiesto que las últimas decisiones judiciales reflejan cómo la presente investigación penal se impulsa sólo en un sentido, obviando la necesidad lógica y jurídica de avanzar en la determinación de la punibilidad de la conducta del autor del documento, presuntamente falso, el también investigado José Antonio del Olmo. Y todo ello en claro perjuicio de Iberdrola, que ve así como se va resintiendo su reputación «, señala.
En este sentido, denuncia que la actuación judicial «no protege sus legítimos intereses y derechos», cuando corresponde a los órganos judiciales «evitar los perjuicios que su actuación puede generar».
«La historia de la instrucción de los procedimientos penales en España -sobre todo en aquellos de mayor repercusión mediática- muestra toda clase de patologías, pero probablemente en este caso se estén traspasando las líneas imaginables, hasta el grado de dar lugar a un funcionamiento de la Administración de Justicia abiertamente anormal, encontrándose plenamente acreditado el daño causado, circunstancia fácilmente comprobable con la mera lectura de las noticias publicadas respecto de la inversión de Iberdrola en Estados Unidos », señala.
