El gasto público creció en 2019 siete veces más de lo permitido por Bruselas

El Gobierno negocia los detalles de los fondos para capear la crisis del coronavirus ante la Unión Europea, que ha suspendido las reglas fiscales este año. Sin embargo, el año pasado el Pacto de Estabilidad aún regía y el Ejecutivo permitió un gasto público siete veces mayor al máximo fijado por la Comisión Europea. De esta forma, frente al 0,9% de incremento tope que dejaba la Unión Europea, España gastó un 4,4% más. Así lo constata la Autoridad Fiscal, en su informe sobre el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas y pone cifras al desvío: el máximo de aumento del gasto para las administraciones era 2.800 millones de euros . Pues bien, el desembolso se disparó en 20.300 millones de euros, esto es, siete veces más en lo que supone más de 17.000 millones de desvío.

Como España redujo en 2018 el déficit público por debajo del 3% del PIB, el año pasado salió del Procedimiento de Déficit Excesivo. En este escenario, los países no deben de fijarse tanto en el déficit como en la regla de gasto -que limita el aumento del desembolso a una tasa ligada al crecimiento potencial y al alza de ingresos- y el ajuste estructural, es decir, aquel que toca partidas que van más allá del propio ciclo económico. En este sentido, Bruselas pedía un ajuste estructural de 0,65 puntos del PIB, es decir, unos 8.000 millones de euros menos . En lugar de reducir el desequilibrio estructural en este importe, el Ejecutivo permitió que las administraciones lo incrementaran en otros 8.000 millones.

«La desviación frente al requerimiento del Programa de Estabilidad fue de 1,2 puntos de PIB el año pasado. Esta desviación es superior al umbral de 0,5 puntos que, según el Programa de Estabilidad, determina cuando una desviación se considera significativa », sentencia la Airef, que después añade que el incremento del gasto «supone una desviación de un 1,4% del PIB que, de nuevo, supera el umbral del 0,5% que determina cuando una desviación es significativa ».

España incumplió de manera notable los dos indicadores por los que se le medía su primer año fuera del brazo correctivo fiscal. Así, la Airef constata que 2019 fue un año con una política fiscal expansiva. Un año en el que hubo dos elecciones generales –con una andanada de medidas que el Gobierno bautizó como «viernes sociales»– y comicios autonómicos y locales: como resultado todas las administraciones empeoraron su situación.

Junto a ello, el déficit público, que en octubre el Ejecutivo comunicó a Bruselas cerraría en el 2% del PIB en 2019 , acabó en el 2,8%, tres décimas más que en 2018 en lo que supuso el primer empeoramiento del déficit desde 2012 . Un desvío de 9.980 millones de euros que se debe, sobre todo, al gasto de forma, que el propio Ejecutivo admite se incumplió en todas las partidas. «En el caso de los gastos, se han registrado desviaciones al alza respecto a la previsión de octubre en todas las rúbricas , destacando el caso de la remuneración de asalariados y de las transferencias sociales». reconoce el Gobierno en el Programa de Estabilidad.

La Comisión Europea señala que el déficit estructural de España aumentó al 4% del PIB en 2019, tras varios años de reducciones marginales. Ahora, en plena crisis, el Ejecutivo tiene menos margen para actuar cuando más se necesita por los desvíos del pasado.