La Comisión Juncker ha impuesto las mayores multas de la serie histórica

La cuantía de las sanciones a carteles bate cifras récord en esta legislatura

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, conversa con la comisaria de Competencnia, Margrethe Vestager ABC

Daniel Caballero

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La Comisión Europea de Jean-Claude Juncker se ha convertido en el azote de las empresas. Y, concretamente, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Desde que el actual Gobierno europeo tomara posesión del cargo en noviembre de 2014 han adoptado un total de 53 decisiones en casos de «antitrust» -violaciones del derecho de la competencia - y carteles. Más de medio centenar de multas a compañías de todo el mundo por una cuantía de alrededor de 18.600 millones de euros, según cifras a las que ha tenido acceso ABC.

Frente a la lentitud de los procesos de cobro en España en asuntos de competencia, el Ejecutivo comunitario representa un modo de actuación distinto. Aunque muchas empresas, al momento de recibir la sanción, deciden recurrir ante la Justicia europea, los procedimientos en su amplia mayoría termina en resolución favorable para la Administración Pública. De hecho, a día de hoy, tan solo cinco casos - ninguno de ellos con más de tres meses de antigüedad- están pendientes de pago: un cartel de equipamientos de seguridad en automoción (368 millones), la ultima sanción a Google (1.490 millones), otra a Nike (12,5 millones), otra a AB InBev (200 millones) y un cartel bancario resuelto el pasado 6 de mayo (1.070 millones). Todos los demás ya engrosan el presupuesto de la Unión Europea, a excepción de los que están en manos del Tribunal de Justicia de la UE . Aun así, las empresas con aquellos procedimientos judicializados han presentado -obligadas por la legislación- garantías o pagos provisionales.

Cerco a Google

La Comisión Juncker, así, ha puesto coto a las prácticas anticompetitivas, con especial incidencia en estos últimos años. Tal es así que, del «top 10» de casos de la serie histórica, siete han sido resueltos con Vestager como comisaria: tres relativos a Google, uno a Qualcomm (997,4 millones), un cartel de camiones (3.807 millones) y dos carteles bancarios (2.375,8 millones). El montante conjunto asciende a 15.450 millones. De esta cifra, sin embargo, hay una empresa que destaca por encima de las demás en cuanto a prácticas anticompetitivas -solo en casos de «antitrust», no en cuanto a carteles-: el buscador Google .

El gigante tecnológico ha recibido las sanciones individuales más elevadas de la serie histórica, a un ritmo de una por año desde 2017. En total, la Comisión Juncker le atribuye tres infracciones y le obliga al pago total de 8.261,8 millones. Esto se traduce en que a la compañía estadounidense le ha sido impuesto el 44,42% de la cuantía de las multas impuestas en esta legislatura comunitaria que toca ahora a su fin.

Pese a todo, que una sociedad de base tecnológica reciba los «castigos» más elevados no es un hecho aislado. Ocho de las diez mayores multas por «antitrust» han tenido como destino una empresa de este sector. Tres de ellas Google (8.261,8 millones), una Intel (1.060 millones), una Qualcomm (997,4 millones), una Mastercard (570,6 millones), una Microsoft (497,2 millones ) y otra Telefónica (151,9 millones). Las cinco primeras se produjeron durante el mandato de Juncker y las dos últimas con Durao Barroso al frente del Gobierno europeo. Caso distinto ocurre con los carteles, en los que el «top 10» está repartido en muchos otros sectores: banca, automoción, componentes de televisión y ordenador, ascensores, etc.

En cuanto a los carteles, con Vestager como comisaria de Competencia se ha batido récord de cuantía de multas -una vez ajustadas tras pasar por los tribunales, es decir, cuando la Justicia las ha ratificado, modificado o anulado-. De 2015 hasta la actualidad, 8.254,7 millones, frente a los 7.863,3 millones del anterior pico de 2005 a 2009 . Asimismo, destaca la evolución experimentada a comienzos de este siglo: en el periodo de 1995 a 1999 se fijaron sanciones por 270,9 millones y en los cinco años inmediatamente siguientes la cifra ascendió hasta los 3.157,3 millones. Casi tres mil millones más en apenas una legislatura.

El éxito de la Comisión Europea a la hora de desarticular estas prácticas empresariales obedece, por una parte, a la labor de investigación de las instituciones comunitarias y, por otra, a las alertas que aportan los propios miembros de los carteles. Es decir, que hay empresas arrepentidas de violar el derecho de competencia y deciden actuar como «chivatos» ante la Administración Pública. Este fue el caso, por ejemplo, del último cartel bancario. Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan y MUFG fueron multados con casi 1.070 millones recientemente por manipular el mercado de divisas con once monedas diferentes que «socavaron la integridad del sector», tal como informó el departamento de Competencia de la Comisión. En este supuesto, la investigación pudo llevarse a cabo gracias a que la entidad suiza UBS , involucrada en las prácticas, denunció la situación que permitió a la UE sancionar a estas firmas. La ventaja de ello radica en que la empresa denunciante, bajo unos requisitos, se libra de ser multada; UBS esquivó, así, una infracción por la que tendría que haber pagado 285 millones.

Cartel bancario

Aunque Google es el «campeón» en multas, hay un cartel que amenaza con batir todos los récords. En enero de 2019, el organismo comunitario informó de que había acusado a ocho entidades financieras de intercambiar información comercial sensible para coordinar estrategias y manipular el mercado de deuda pública. La operativa se llevaba a cabo mediante salas de chat en línea y el caso se remonta a entre los años 2007 y 2012 , cuando sucedía la crisis de deuda soberana en países como España o Grecia.

Aunque la Comisión señaló en su momento que esto se trata de prácticas aisladas de esas ocho entidades, lo cierto es que puso en jaque a todo el sector bancario. Las caídas en Bolsa fueron generalizadas ya que, de derivar en sanción, podría llegar a batirse la mayor multa de la historia en Europa. Los bancos implicados se enfrentarían a cuantías de hasta el 10% de su facturación.

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