«Chollos» que dividen a productores y distribuidores

Bueno, bonito y barato, pero también polémico. Las ventas a precios muy competitivos de productos esenciales como la leche, el aceite o el pollo, siguen generando conflictos entre los productores y la distribución. El pasado lunes, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) volvía a denunciar ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -dependiente del Ministerio de Agricultura, aunque la competencia es autonómica- a Dia por vender supuestamente aceite de oliva a pérdidas, al ofertarlo a 2,19 euros/litro cuando el precio medio en origen en el último año se situó por encima de los 2,75 euros, según UPA. Por otra parte, la Comunidad de Madrid imponía este viernes una multa de 3.000 euros al Corte Inglés por la comercialización de aceite de oliva, por debajo de coste de producción.

Esta administración, tras una denuncia interpuesta por UPA en enero de 2015, consideraba los hechos como una «infracción grave» contra la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Una norma que prohibe esta práctica.

Pero, ¿qué es exactamente la «venta a pérdidas»? El artículo 14 de la Ley del Comercio Minorista establece, que «la venta a pérdida es cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma», así como inferior al de reposición o al coste efectivo, si el proceso de fabricación corresponde al mismo actor».

Sí estaría permitida comercializar a pérdidas en los casos de venta de saldos (productos deteriorados) y por liquidación (cese de negocio). Siempre y cuando, según el artículo 17 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, no se induzca a error a los consumidores, el producto quede desacreditado o sea una estrategia para eliminar a la competencia. En este terreno, desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), su director general Ignacio García Magarzo, recalca que «el sector distribución es el único que tiene prohibido vender a pérdidas por ley» y subraya que «la actuación de la administración para la inspección cuenta hoy con más instrumentos que hace años». En este sentido, Magarzo destaca que la distribución cumple con la ley, y añade que «no tiene sentido culpabilizar a la distribución de una práctica que para otros no es ilegal». Por este motivo, advierte que «hay productos que se venden en el mercado a precios bajos», que pueden tener su origen en eslabones distintos de la cadena alimentaria.

«Banalización»

Desde las organizaciones agrarias, el gerente de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, califica de «catastrófico que se use el aceite como un producto gancho» y pide, que casos como los denunciados esta semana, sean investigados ya que «distorsionan el mercado» y lo atribuye a una estretegia comercial para movilizar el consumo. Por su parte, la vicesecretaria general de UPA Montse Cortiñas, constata que «la leche y el aceite son productos-reclamo para las grandes superficies». En este sentido, denuncian que la venta a pérdidas de aceite o leche supone la «banalización» del producto, ya que «moviliza» el consumo y «hace un flaco favor al sector productivo, presionando a la baja los precios». En su opinión, esto coloca a los productores en una «situación complicada». Por este motivo, pide una «reflexión» sobre la importancia del sector primario y endurecer las sanciones. Además de pedir «diligencia» para transmitir al consumidor las posibles consecuencias de este tipo de prácticas, lamenta que la Ley de la Cadena Alimentaria (2013) «no entre de lleno en la venta a pérdidas». Sin embargo, Cortiñas elogia el «buen funcionamiento» de la AICA y de algunas comunidades.

A nivel autonómico, por ejemplo, la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta de Galicia prevé este año realizar 200 actuaciones de control (visitas a establecimientos), 50 por provincia. Desde las grandes superficies, como Dia, destacan que ofertas como las denunciadas «las llevamos haciendo toda la vida y se ajustan a la ley». En este sentido, explican que este tipo de decisiones llevan meses de preparación junto a los proveedores («españoles», recalcan), y que todo se realiza a través de facturas. Fuentes oficiales ponen en valor el riesgo asumido y la buena respuesta de los consumidores.