El Gobierno permitirá despedir a las empresas que estén al borde de la quiebra
CEOE y sindicatos acuerdan con el Gobierno alargar los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio y mantiene la obligación de no destruir empleo durante seis meses al resto de empresas
Tras una maratoniana y tensa reunión, la CEOE ha ratificado hoy el preacuerdo alcanzado esta madrugada con el Gobierno y los sindicatos y por el que se prorrogan hasta final de junio los ERTE por fuerza mayor y se mantiene la protección por desempleo y la exoneración de cotización como hasta ahora, aunque con porcentajes menores para las empresas que reanuden parcialmente la actividad. No obstante, quedarán excluidas del compromiso de no despedir que llevan implícito los ERTES aquellas empresas que estén en riesgo de acogerse a un concurso de acreedores, esto es, que se encuentren al borde de la quiebra . También los sindicatos han dado el visto bueno al acuerdo y tanto la comisión ejecutiva de CC.OO. como la de UGT lo han ratificado.
La prohibición del despido era uno de los puntos más espinosos para los empresarios ya que consideraban que en lugar de proteger el empleo iba a generar una cascada de quiebras empresariales. La inclusión de esta cláusula ha sido, por tanto, la clave que ha hecho posible el acuerdo del diálogo social. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi , ha reconocido en una rueda de prensa que se trata de un matiz «muy importante» porque es «muy difícil» que una empresa mantenga el empleo si «al final desaparece».
El anuncio del acuerdo por parte de la CEOE se ha producido esta mañana después de un intenso debate en el que se ha evidenciado el clima de desconfianza creciente entre algunos miembros de la patronal y el Ejecutivo. El principal punto de conflicto ha sido precisamente la exigencia de que no se extingan contratos por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas y de producción provocadas por la pandemia hasta el año 2021. Trabajo había impuesto inicialmente que las empresas que no mantengan intacta su plantilla hasta final de año deberían devolver todas las ayudas recibidas, lo que se traducía en el reembolso de las cotizaciones de las que se vieron exentas, incluyendo además los recargos e intereses de demora. Finalmente, el compromiso de no despedir no se aplicará a empresas en riesgo de concurso de acreedores, lo que se considera como un éxito entre los representantes empresariales, aunque también hay cierta incredulidad entre algunos empresarios sobre los criterios que van a definir este umbral.
Sin embargo, Garamendi ha asegurado que los preceptos que definen si una empresa está en situación de solicitar el concurso «son clarísimos» y ha negado la posibilidad de que este asunto vaya a derivar en una abalancha de litigios con el Ministerio de Trabajo. En la misma línea sea ha mostrado Gerardo Cuerva , vicepresidente de CEOE, quien ha dicho que el hecho de que el Gobierno haya tenido en cuenta esta característica ha sido decisivo para que se haya podido encontrat el equilibrio. «Lo que no podía ser era que una claúsula para mantener el empleo no puede derivar en la liquidación de las empresas».
Los empresarios, como fuere, han calificado de «bueno» el acuerdo, aunque también han reconocido que en la negociación «se han dejado algunos pelos en la gatera». Según Garamendi, el objetivo es contruir unos «vasos comunicantes» entre los ERTE y la desescalada del país para lograr que el país pueda volver «de nuevo a la normalidad». «No queremos ir a la nueva normalidad, sino volver de nuevo a la normalidad», ha insistido Garamendi. De no ser así, las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía española. «Los empresarios estamos deseando reincorporar a todo el mundo al trabajo pero va a ser difícil. El propio Gobierno lo reconoce. Esperamos no llegar al 20% de tasa de paro que se vaticina», ha asegurado Garamendi. Por ello, y aunque ha rehusado especificar algunas de sus cesiones, sí que ha lamentado que el acuerdo no incluya una mayor dotación presupuestaria porque «los mercados ahora lo van a entender» y, sin embargo, «aunque ahora se acepte un mayor gasto coyuntural, mañana no se va a tolerar que no se vuelva a la ortodoxia».
El acuerdo recoge además que no podrán repartir dividendos las empresa que se hayan acogido a algún ERTE, ni tampoco las que tengan sus sedes en paraísos fiscales, si bien la protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos se extiende hasta el 31 de diciembre. La fuerza mayor total implicará la exoneración del 100% de las cuotas sociales para las empresas con menos de 50 trabajadores y el 75% para las de más empleados, mientras que la fuerza mayor parcial supondrá exenciones desde el 30 al 85 % dependiendo de las circunstancias, primando la reducción de jornada sobre el mantenimiento de la suspensión.
De esta forma, las empresas que reinicien la actividad con reducciones de jornada podrá descontarse el 85% de las cuotas de mayo y el 70% de las de junio en caso de que cuenten con menos de 50 trabajadores, porcentaje que será del 60% en mayo y el 45% en junio si tienen más empleados. Aquellas que reanuden su activiodad pero mantengan a parte de su plantilla en suspenso podrán descontarse el 60% de las cuotas de mayo y el 45% de las de junio (menos de 50 trabajadores) y el 45 % de las cuotas de mayo y el 30% de las de junio (más empleados).
Estas medidas estarán sujetas al compromiso de la empresa, a excepción de las que estén en riesgo de entrar en concurso, de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad , es decir, la reincorporación al trabajo efectivo de sus trabajadores, aún cuando sea de forma parcial o sólo afecte a parte de la plantilla. Este compromiso de mantenimiento del empleo se considerará incumplido si se despide a cualquier trabajador afectado por el ERTE, aunque con excepciones (despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad total, absoluta o gran invalidez y extinción de un contrato temporal por finalización de su vigencia o por el fin de la obra o servicio contratado).
En un comunciado, la CEOE ha asegurado que le hubiera gustado una una propuesta a más largo plazo que diese «certidumbre a las empresas», lo que hubiera dado «seguridad y certidumbre a las empresas y a las personas trabajadoras, para acompañarlas en el proceso de recuperación total de la actividad». Sin embargo, «dentro de los márgenes temporales y presupuestarios del Gobierno», los miembros del Comité entienden que este acuerdo, «aunque no es el deseado, mejora la propuesta inicial, por lo que se ha decidido dar el visto bueno con el objetivo de aportar seguridad jurídica».
En cualquier caso, los empresarios instan a través de la patronal al Gobierno a que se reúna ya, «desde mañana mismo, con los sectores más afectados para negociar las medidas necesarias y específicas de cada uno de ellos». Garamendi ha insitido mucho en la necesidad de que el Gobierno establezca ahora reuniones y planes para los sectores más afectados y se encuentre una válvula de escape para que esto no derive en una abalancha de quiebras. Garamendi ha mencionado al turismo, la hostelería, estauración, comercio... pero también de los fabircantes de automóviles, entre otros.
