El fiscal pide prisión a dos exdirectivos de CAM por dar dietas «por no hacer nada»

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de cuatro años de prisión para Roberto López Abad, exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y de dos años y medio para el exdirectivo Juan Ramón Avilés por los perjuicios que causaron con su gestión irregular en la entidad, que tuvo que ser rescatada por el Estado en 2011 con más de 5.000 millones de euros. Después fue vendida por el precio simbólico de un euro a Banco Sabadell, para quien el fiscal exige una indemnización de 1,5 millones de euros.

El exdirector general de CAM, López Abad, fue el encargado de crear una comisión de control en una sociedad participada de la entidad (TI) con la intención de abonar dietas abusivas a exdirectivos de la entidad «por no hacer nada», según el fiscal.

Dicha comisión —«un burdo instrumento»— se ideó para esquivar la limitación legal existente sobre las retribuciones de los directivos. El fiscal lo califica como un claro fraude de ley.

Por ello, el fiscal acusa a López Abad de los delitos de administración desleal o apropiación indebida. Incluso aunque el responsable del fraude fuera el fallecido presidente de la entidad Vicente Sala —a quien el exdirectivo señaló como ideólogo de la propuesta— López Abad sería culpable como cooperador necesario al haber realizado una «actividad esencial» para que el delito se cometiera, explicó el fiscal Luis Rodríguez. Él fue quien defendió la propuesta y encargó el informe donde se originó.

Esas remuneraciones «no eran una dieta, sino un complemento retributivo al que llamaron dieta» para simular que no se incumplía la normativa. El organismo se creó en la última semana de diciembre de 2005 y funcionó hasta 2011, un tiempo en el que dichas dietas se multiplicaron por 150. Avilés, como presidente de la comisión de control de TI, llegó a cobrar 308.000 euros.

Anticorrupción considera que ha quedado acreditado que los miembros de la comisión «no hacían nada, por lo que no tenían derecho a cobrar absolutamente nada». Ha explicado que a no se les exigía ninguna responsabilidad, se reunían dos veces al año, en torno a una hora y no tenían trabajo entre reunión y reunión. «Era como asistir a una conferencia: uno va, se sienta, escucha y como mucho hace alguna pregunta al final», concluyó el fiscal.

El fiscal también exige que los 18 miembros de la comisión de control —que cobraron diferentes dietas según sus cargos— devuelvan el dinero por ser partícipes a título lucrativo. Es decir, como responsables civiles por lucrarse de una actividad sin conocer su origen delictivo. «Es lo más razonable».

A Avilés, quien está acusado de recibir 18,6 millones de euros en préstamos irregulares por parte de CAM, Anticorrupción le considera culpable de un delito de simulación de contrato en perjuicio de ley. El exdirectivo simuló que traspasaba la sociedad beneficiaria de los préstamos a su hermana, quien ingresó 90.000 euros en una cuenta que le había dado la esposa del acusado.

Esta actuación, al final, solo pretendía evitar que Avilés tuviera que abandonar su cargo en la comisión de control, puesto que ello era incompatible con tener a su favor un préstamo dudoso. «No se transmitió nada: es el propio vendedor el que está comprando», defendió el fiscal. Avilés seguía al mando de las sociedades.

«Gracias a esta simulación, Avilés siguió en la comisión de control al menos seis meses más, hasta que llegó el FROB», y siguió cobrando así las dietas que le otorgaban como presidente de la comisión. El préstamo, que ya estaba «en muerte cerebral» según palabras del fiscal, no ejecutó sus garantías, lo causó un perjuicio económico a la entidad financiera.

Por otro lado, el letrado Carlos Gómez-Jara, que representa a la acusación particular del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y a la Fundación CAM, ha mantenido también sus peticiones de seis años de cárcel para López Abad y de diez años para Avilés. Gómez-Jara recalcó que Avilés no se abstuvo en ninguna de las reuniones en las que se trataron sus préstamos, a lo que le obligaba la ley.

Además, el letrado defendió que el FGD debe recibir una indemnización de 4,9 millones de euros por el perjuicio causado después de la inyección de 5.249 millones de euros que hizo para salvar la vida de la entidad, una cantidad que soportó en pérdidas, que repercutieron en las cuentas públicas. «El FGD funciona como el bombero del sistema financiero español y hay que indemnizarle por las lesiones que soporta en sus intervenciones».