Campofrío no tendrá que pagar cuotas sociales tras el incendio

Las empresas que, como en el caso de la central incendiada de Campofrío en Burgos, se vean obligadas a parar su actividad y suspender contratos o reducir jornadas por razones de fuerza mayor podrán solicitar a la Seguridad Social una exoneración de hasta el 100% en el pago de las cuotas (tanto por contingencias comunes como profesionales) correspondientes a los trabajadores afectados.

Así lo anunció ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el Real Decreto Ley que regula el Programa de Activación para el Empleo, en el que se precisa que esta exención tendrá una vigencia de hasta un año, prorrogable otro más en caso de que se mantengan los compromisos de reinversión y empleo.

Para poder acogerse a este beneficio será necesario que las empresas se comprometan a mantener todos los empleos (excluidos, en su caso, los trabajadores recolocados en otros centros de trabajo) durante un año con posterioridad a la finalización de la suspensión o reducción, así como a realizar la necesaria reinversión que garantice el restablecimiento de las mismas actividades afectadas.

En caso de que se incumplan los requisitos establecidos (reactivación y mantenimiento del empleo), la empresa tendrá que reintegrar las exoneraciones aplicadas respecto a dichos trabajadores.

Fátima Báñez explicó ayer que esta exoneración está pensada para casos en los que se produce un suceso «catastrófico, imprevisible e inevitable» que suponga la destrucción total o parcial de las instalaciones de la empresa o centro de trabajo, como el del incendio en la fábrica burgalesa de Campofrío. La causa de fuerza mayor propia será acreditada en un informe preceptivo emitido por la Dirección Especial de la Dirección General de la Inspección de Trabajo.

La nueva normativa establece que la empresa que quiera solicitar esta ayuda debe estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntó que se trata del «compromiso del Gobierno con quienes se comprometen con el mantenimiento de sus plantillas.