Julio Segura, expresidente de la CNMV, recibió una indemnización de 236.779 euros

El nuevo portal de transparencia abierto este miércoles por el Ejecutivo detalla que este año un total de 19 ex altos cargos han cobrado indemnizaciones por cese. Tres de ellos la han agotado este año, entre ellos el expresidente de la CNMV Julio Segura, nombrado por el PSOE en 2007, que ha recibido 236.779 euros en dos años. El exconsejero del Consejo de Seguridad Nuclear Antonio Colino Martínez -a propuesta del PP- recibió 149.945 euros y el ex secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa Fernando Jiménez Latorre 12.622 euros por dos meses de indemnización.

Otros 16 reciben una indemnización mensual que oscila entre los 4.693 euros de los exconsejeros de la Comisión Nacional del Sector Postal y los 9.389 del expresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones Bernardo Lorenzo.

Además, doce ex altos cargos del Gobierno han recibido autorización este año para trabajar en empresas privadas, un listado en el que figuran desde multinacionales hasta universidades. Entre ellos están los exembajadores de España en Francia, Carlos Bastarreche, y Chile, Íñigo de Palacio. El primero ha fichado por Airbus tras recibir autorización en julio -dos meses después de su cese- y el segundo por la multinacional española Indra, con una autorización emitida cuatro meses después de ser cesado en marzo.

Por su parte, el ex director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA) José Manuel García Sieiro, que dejó su puesto en noviembre de 2013, recibió autorización en julio para trabajar en la consultora Lapid, una empresa de la que es administrador único y que se dedica a la consultoría aeronáutica y aeroespacial.

El que fuera secretario general de Industria y Pymes, Luis Valero, cesado en enero, recibió tres meses después autorización para entrar en el consejo de administración de Enagas, mientras el exdirector de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Manuel Quintanar, fichó por la Liga de Fútbol Profesional como director de Integridad dos meses después de su cese.

Otros cuatro ex altos cargos han ingresado en despachos de abogados. Es el caso de la exdirectora de gabinete del ministro de Justicia, Cristina Coto, que trabaja en Albiñana Suárez de Lezo, así como de la ex delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León (Good Law Levante); la ex secretaria general del consejo de Adif, Rosa Sáenz Cerezo (Roca Junyent) y la ex consejera de la Comisión Nacional de la Energía Marina Serrano González (Pérez Llorca Abogados).

Por su parte, el ex director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia, dirige un centro de estudios sociales y económicos en la Fundación Tomillo.

Por último, están vinculados a centros universitarios, la exconsejera de la CNMV Ana Isabel Fernández Álvarez (en CUNEF) y el exdirector de Red.es Borja Adsuara, que tiene autorización para trabajar en el Centro Universitario Villanueva, la Universidad de La Rioja y la Universidad Tecnología y Arte Digital, además de en las empresas Guidance y Walnuters.