El fiscal pide el sobreseimiento de la causa para Calatrava

El fiscal del caso del Centro de Convenciones de Castellón ha solicitado el sobreseimiento de la causa que investiga supuestas irregularidades en torno al proyecto para Santiago Calatrava. El arquitecto fue citado el pasado martes en calidad de imputado por los contratos suscritos para la obra, que finalmente no llegó a ejecutarse y por la que cobró 2,7 millones de euros.

Según explican fuentes conocedoras del proceso, el juez todavía no puede resolver esta petición al quedar diligencias previamente acordadas por practicar, aunque todo apunta a que finalmente será aceptada.

Durante su declaración en los juzgados, Calatrava defendió la legalidad de los acuerdos de planificación del edificio y aseguró que «siguió las pautas del encargo» realizado por la Generalitat. Además, detalló que recibió una llamada telefónica en mayo de 2008 del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps –poco antes de la presentación de la maqueta– en la que le pedía que se volcara con el proyecto.

Sus letrados matizaron que en ningún momento aludió a realizar el más ambicioso programa de necesidades, tal como indicaron desde Esquerra Unida (formación que presentó la denuncia que ha desencadenado la investigación).

Aumento de presupuesto

En los escritos del juzgado consta que el proyecto del arquitecto triplicaba el presupuesto establecido en el contrato, de modo que los 60 millones orientativos iniciales pasaban a 180, lo que suponía un aumento sustancial de sus honorarios, que se actualizarían en función del coste real de la obra y que finalmente correspondieron al 4,5% del presupuesto de licitación inicial.

Desde la oficina del arquitecto, sin embargo, detallan que el aumento de la superficie que conllevó el incremento del presupuesto no lo decidió su empresa, sino que fue comunicado desde la Sociedad Proyectos Temáticos y el Ayuntamiento de Castellón.

No es la primera vez que el fiscal solicita el archivo de la causa. Ya lo hizo para Fernando Benzo, exresponsable de la oficina de Calatrava; Eusebio Monzó, exsecretario autonómico de Hacienda; y Javier de Diego, exdirector de la SPTCV. En ese momento, el juez lo rechazó al quedar declaraciones pendientes como la del propio Calatrava.

La última citación prevista ahora es la de la exdirectora general de Grandes Proyectos Cristina Morató, quien aún no ha sido localizada.