El presidente valenciano lamenta que se judicialice el trasvase

Los movimientos y declaraciones políticas sobre los últimos trasvases de la cabecera del Tajo al Levante español son un reguero continuo de noticias. Ayer, nada más conocerse el último trasvase de 15 hectómetros cúbicos, el gobierno regional socialista manifestaba su rechazo y la presentación de recursoscontra estos trasvases, una vía que no es del agrado del presidente valenciano, Ximo Puig.

En una entrevista con la agencia Europa Press el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha mostrado en contra de que se inicie una «guerra del agua», y ha destacado que se trata de «un recurso natural de todos los españoles», que considera que debe repartirse «justamente y de acuerdo a los criterios técnicos».

Tras la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de recurrir el último trasvase de 15 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, Puig ha manifestado que «preferiríamos no judicializar un tema como el del agua, que debería estar presidido por el diálogo y alejado de electoralismos».

El presidente valenciano ha destacado que a su Gobierno le «preocupa como al que más» los problemas de sequía que existen en la cabecera del Tajo y en toda la cuenca, y dijo ser consciente de que «probablemente vamos a disponer en el futuro de menos recursos y vamos a padecer mayor escasez».

Sin guerras

«Ese escenario es con el que vamos a trabajar como gobierno responsable. No entramos en guerras de cifras y nos remitimos siempre a los informes oficiales y a los datos que el Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Tajo tienen que dar», ha subrayado. Asimismo, ha avanzado que el Consell exigirá «en todo momento» el «cumplimiento escrupuloso de la normativa que regula el acuerdo Tajo-Segura y, de momento, el desembalse de los 20 más 15 hectómetros cúbicos últimos ya aprobados». Asimismo, señaló que el «famoso» Memorándum del Tajo-Segura que elaboró el PP ha significado «una gran estafa», y ha apostado por buscar una solución al problema del agua «desde el diálogo».

Podemos, por su parte, ha irrumpido en el debate con una posición llamativa, ya que se manifestó contrario a paralizar el trasvase pero sí de «racionalizar los modos en los que llega el agua a todos».

Precisamente el líder de esta formación política en Castilla-La Mancha, José García Molina, anunció ayer que se reunirá la próxima semana con sus homólogos en Murcia y la Comunitat Valenciana para analizar el trasvase y «seguir trabajando en la postura común del partido» respecto al agua.

García Molina señaló que es «problemático» limitar el debate sobre el trasvase a la dicotomía entre «trasvase sí o trasvase no». «Lo que es una evidencia es que el Tajo no puede bajar como baja y que el caudal legal no es lo mismo que el caudal ecológico que el río tendría que tener para no ser solo un río limpio, sino también un río que se pueda aprovechar para el abastecimiento humano, para el regadío y también para industrias de ocio y deportivas», dijo.

El diputado regional manifestó su intención de «no convertir el trasvase en un arma política y de confrontación entre partidos y regiones» y, en este sentido, ha pedido tener «altura de miras» y una «visión estatal» para abordarlo. En su opinión, «hay que pensar el trasvase en una dimensión más técnica y también con una visión política» y solidaria que atienda, primero, las necesidades de la gente y también de la industria.