La Junta justifica su rechazo al ATC en que no traerá «ni riqueza ni empleos»

Después del órdago del Gobierno de Castilla-La Mancha al Ministerio de Industria, anunciando la paralización del Almacén Temporal Centralizado, este miércoles le tocó el turno al Gobierno de España, que recordó que puede realizar una «declaración de interés general» para ciertos proyectos, que anularían la protección del espacio.

Además, ante la insistencia del portavoz de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando, de que el ATC supondrá «un elevadísimo sobrecoste que pagaremos entre todos a través de la factura de la luz», el ministro de Industria, José Manuel Soria, advirtió de que el coste de no tener un Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares en España podría derivar en un encarecimiento de hasta el 30% en la factura de la luz. También recordó que el envío de los residuos a Francia tiene un coste de 22 millones de euros al año.

Sin embargo, la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de aprobar la instalación del ATC en Villar de Cañas el pasado lunes, ha abierto de nuevo el debate sobre la conveniencia o no de situar un silo nuclear en territorio castellano-manchego.

Tras el ya conocido plan del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha de ampliar el espacio protegido Red Natura 2000 de la Reserva Natural de la Laguna de El Hito, que abarcaría los terrenos donde se instalará el ATC, los ecologistas también volvían a la carga contra esta instalación anunciando una campaña sobre los peligros asociados al transporte de residuos nucleares, advirtiendo de que habrá 217 municipios amenazados por estos transportes.

«Oscurantismo» en Enresa

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, anunciaba que los socialistas van a presentar, de manera urgente, una batería de iniciativas tanto en el congreso de los Diputados como en las Cortes regionales para exigir al Gobierno de España toda la información relativa a la instalación del cementerio nuclear.

Según Maestre, «hay mucho oscurantismo» y son muchas las «sospechas» en la gestión de este asunto, como las dudas sobre la idoneidad de los terrenos, la gestión que el hombre de Cospedal en Enresa, Francisco Gil Ortega realizó al frente de esta empresa y que acabó con su cese, y los sobrecostes, que puede llevar acarreado este proyecto. A esto se suma, dijo la portavoz del PSOE, «la polémica gestión de Gil Ortega en Enresa, con gastos de dudosa justificación».

Maestre aseguró que el Colegio Oficial de Geólogos de España ha dejado muy claro que si a los expertos les hubieran dado a elegir la ubicación entre los pueblos candidatos, Villar de Cañas hubiera sido uno de los primeros descartados. Se sumó a los argumentos del Gobierno regional considerando que supondría un «elevadísimo sobrecoste» para el erario público por la mala calidad de los terrenos, alrededor de 200 millones más sobre el precio estimado, que repercutiría incluso en el aumento del recibo de la luz.

Desde el PP se mostraron más comedidos. Fue ayer la diputada regional Claudia Alonso quien destacó que hay informes técnicos como el del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que avalan la ubicación en Villar de Cañas del ATC). «Deben de ser los técnicos y no los políticos, los que decidan sobre esa cuestión».

Zona deprimida

Alonso dijo que le preocupa mucho «que a una zona muy deprimida se le niegue la posibilidad de tener una posibilidad para el fomento de riqueza y empleo, cuando además la petición había surgido de esta propia población ni siquiera en esta legislatura sino hace ya bastante tiempo».

Sin embargo, el portavoz de la Junta, Ignacio Hernando, aseguraba ayer que esos argumentos son «poco serios y acertamos, además de «manipulativos y poco leales», cuando apuntan al ATC como una fuente de riqueza y empleo, «cuando en realidad es todo lo contrario».