Nueva ley de expresidentes para blindar a Mas en caso de inhabilitación por el 9-N

El Parlamento catalán ha dado luz verde a una modificación de la Ley 6/2003 del estatuto de los expresidentes de la Generalitat, en la que se deja en manos de la Cámara catalana votar si se revocan total o parcialmente los derechos y prerrogativas de los exmandatarios. Como se recordará, Jordi Pujol fue privado de sus privilegios como expresidente después de confesar que había tenido una cuenta oculta en Andorra.

La reforma de la ley ha sido aprobada en la Comisión de Asuntos Institucionales y está previsto que sea votada en el Pleno en el mes de junio. Todos los grupos apoyaron el punto relativo a la intervención del "Parlament", excepto el PP, que intuye la voluntad de CiU y ERC de blindar a Artur Mas en el supuesto de que sea inhabilitado judicialmente por la votación ilegal del 9 de noviembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investiga si el presidenta catalán ha incurrido en desobediencia. En los debates parlamentarios, los nacionalistas entienden que hay que distinguir entre sentencias "políticas", como creen que sería el caso del 9-N, de otras judiciales. De ahí que defiendan la intervención del Parlamento catalán.

"Es evidente la obsesión de algún grupo en prever una situación particular del todavía presidente de la Generalitat", manifestó el coportavoz del PP en el Parlamento catalán, Santi Rodríguez. Los populares "estamos de acuerdo en que si un expresidente comete un acto que no es digno de honorabilidad se le pueda retirar por decisión parlamentaria". En cambio "si hay sentencia judicial penal no vemos el motivo por el que el Parlament tenga que decir si la sentencia merece o no que el expresidente pierda los honores. Con una sentencia judicial firme los honores se deben perder directamente”, ha dicho Rodríguez.