Nuevo revés judicial al Govern por la privatización de ATLL

La precipitada privatización de Aguas Ter-Llobregat prosigue su periplo judicial, y en este caso con un nuevo revés en contra de la Generalitat. El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso de casación presentado por el gobierno catalán en contra de la adopción de medidas cauteleras ordenadas, con objeto de que la gestión de ATLL siga en manos del consorcio adjudicatario, formado por Acciona y el banco brasileño BTG. En un fallo muy duro en contra de la Generalitat, el TS censura la precipitación del ejecutivo de Artur Mas, que adjudicó la gestión de ATLL sin esperar al recurso presentado por Agbar, la otra empresa en liza, ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc).

Precisamente, y con posteroridad a la adjudicación de ATLL en diciembre de 2012 -por 50 años, 1.000 millones de euros y un desembolso inicial de 300-, el Oarcc excluyó del concurso a la oferta presentada por Acciona, dando origen a un complejo litigio aún con un largo recorrido.

Con su fallo, el segundo en el mismo sentido, la Sala de lo Contencioso del TS avala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respaldando su decisión de rechazar las medidas cautelares.

El Supremo recuerda ahora que la Generalitat adjudicó ATLL a Accciona en un precipitado proceso que el tribunal apunta que tuvo «toda la apariencia de una especie de carrera con el Oarcc» para anticiparse a su decisión. El TS cuestiona por otra parte la «resistencia» de la Generalitat a la aplicación de lo dicatado por el Oarcc.

Fuentes del consorcio Acciona-BTG recordaron a ABC que el fallo del Supremo alude únicamente a las medidas cautelares, y que el fondo del litigi sigue sin resolverse. Mientras no haya sentencia en firme del TSJC sobre el fondo, y posteriormente del TS si hay recurso, el contrato sigue vigente, tesis compartida por la Generalitat. Por contra, desde Agbar se apunta que el fallo del TS refuerza su posición en el conflicto.

Fuentes conocedoras del litigio señalaron a este diario que, junto a la batalla judicial, existe un desencuentro político entre la consejería de Territorio, dirigida por Santi Vila, y la de Economía, con Andreu Mas-Colell al frente. Mientras que el primero sería partidario de acabar con el conflicto y revertir el concurso, el segundo, alarmado ante el quebranto de tesorería que ello podría suponer, es partidario de no cejar y mantener la adjudicación a Acciona.