La empresa catalana alerta de la «tensión» que genera el proceso soberanista

De manera cada vez más rotunda, el empresariado catalán se posiciona en contra del proceso independentista. Hoy mismo, la patronal de la gran empresa Fomento del Trabajo ha remitido a los partidos un documento muy crítico con el proceso soberanista, y en el que de partida rechaza el carácter "plebiscitario" de los comicios del 27-S.

La patronal presidida por Joaquim Gay de Montellà precisa que la incorporación de un programa secesionista entre las propuestas de distintas candidaturas confiere a los comicios una dimensión "extraordinària y excepcional", lo que "genera tensión y máxima preocupación desde la perspectiva económica y empresarial". Sumando su voz a la de otras asociaciones como el Círculo de Economía, Fomento reconoce que "es obvia la incerteza empresarial ante este debate político, que pone en cuestión la pertenencia a la Unión Europea y a la Zona Euro con todas las consecuencias que ello tiene para el sistema financiero catalán, entre otros".

En esta línea, "Foment vindica el carácter de una convocatoria de elecciones autonómicas", desdeñando el carácter plebisictario que le quiere otorgar el campo soberanista. En esta línea, añade la patronal n su nota, "Fomento entiende que el próximo Gobierno de la Generalitat debe formarse dentro del marco legal, en un entorno de seguridad jurídica de libertades, derechos y obligaciones". La patronal catalana sostiene que "debe reforzarse todavía más un marco jurídico estable y predictible, que dé seguridad jurídica, por un lado, y que rehúya los cambios súbitos en la gestión de las cuestiones públicas y de las grandes políticas de Estado".

Propuestas económicas

Tras estas consideraciones políticas, la patronal resume en el documento sus propuestas en materia económica, incidiendo en ámbitos como la fiscalidad, la inversión en infraestructuras, la seguridad jurídica, la administración pública eficiente y la internacionalización de la economía. Entre ellas, destaca la eliminación del impuesto sobre el patrimonio y la reducción "sustancial" del de sucesiones y donaciones, el impulso urgente de las inversiones para el Corredor Mediterráneo y la "preservación" de un marco jurídico y regulador estable en las políticas de sanidad, educación y actividad económica.

Además, pide que se valore la erradicación de las diputaciones catalanas y su integración en la Generalitat y que se potencie la competitividad empresarial a través de un programa de internacionalización de la economía catalana y de una mayor apuesta por la innovación, la formación profesional y la actividad emprendedora.